La Policía ha detenido al delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana,Serafín Castellano,en una investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción. Los agentes se encuentran en la vivienda del alto cargo del PP valenciano,en la localidad de Benissanò,en la provincia de Valencia,población de la que fue alcalde.
El juzgado de Instrucción número 1 de Sagunto,en funciones de guardia,dirige la operación en la que se están practicando distintos registros y en la que se han detenido,hasta el momento,a nueve personas. Una de ellas es Castellano. La causa está bajo secreto y la operación continúa,según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
De las pesquisas se encarga la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. Los agentes le investigan por presuntos favores a una empresa a la que le adjudicó contratos para la extinción de incendios cuando ocupaba el cargo de consejero de Gobernación. Coincidió con el presidente de esta firma en cacerías.
Los agentes han desplegado una operación en Valencia en la que está habiendo diferentes registros. Fuentes de la Consejería de Gobernación y Justicia confirman que la policía realiza también registros en el edificio oficial y ha requerido documentación.
Frente a la vivienda de Castellano en Benissanó,un pueblo del que fue alcalde,aguarda una nube de periodistas. Aparcado delante hay dos pequeños vehículos sin distintivos de los que,según afirman los vecinos,descendieron los policías poco antes de las 7.30 horas y que todavía continúan registrando la vivienda del delegado del Gobierno.
El equipo del delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana se ha visto sorprendido por la detención de Castellano,con el que no ha podido contactar hasta ahora.
Esta operación surge de la investigación abierta en el ministerio público el pasado mes de octubre,cuyas diligencias le fueron remitidas de Fiscalía de Madrid tras una denuncia interpuesta por el exgerente de Avialsa –empresa adjudicataria de dichos contratos– en la que alertaba de diferentes irregularidades tanto en la adjudicación como en la gestión de los contratos otorgados por parte de la consejería dirigida por Castellano –quien también ocupó el cargo de secretario general del PPCV– a esta mercantil entre los años 2008 a 2010.