El Tribunal Supremo ha archivado,al haber prescrito los hechos,la causa en la que ha investigado al senador y exalcalde de Santa Cruz de Tenerife,Miguel Zerolo (CC),por recibir pagos de 3 millones y un piso en relación con una recalificación de parcelas,supuestamente irregular,en el Valle de Tahodio.
El exalcalde y senador de Coalición Canaria declaró el viernes ante el Tribunal Supremo (TS) que nunca cometió ninguna irregularidad en relación con este asunto,el tercero instruido contra él por el alto tribunal,que ya le ha condenado por prevaricación y le investiga por malversación en otras causas.
En el auto de archivo el Supremo señala que en esta causa se han investigado dos dádivas,en concreto 3 millones de euros para su partido y un piso a mitad de precio para la hermana del político,cuya recepción podría haber constituido delito de cohecho.
Sin embargo,a criterio del instructor,los hechos han prescrito,por lo que acuerda el sobreseimiento.
En el auto,el magistrado Andrés Martínez Arrieta indica que la posible recepción de la última dádiva se produjo en 2005,mientras que la causa contra Zerolo se incoó en diciembre de 2013.
Así,la única forma de no estimar la prescripción del delito a juicio de Martínez Arrieta sería relacionar la entrega de dichas dádivas con una actuación administrativa constitutiva de delito o un acto injusto relativo al ejercicio del cargo.
El juez centró sus interrogatorios a Zerolo del pasado viernes en esa relación causal entre la hipotética dádiva y un acto administrativo,»sin que de esas declaraciones resulte una mínima acreditación» del asunto,según dice en su auto,contra el cual cabe recurso ante la Sala Segunda del Supremo.
Zerolo tiene abierta otra causa en el Supremo por el denominado caso de las Teresitas,por el que el alto tribunal pidió su suplicatorio el pasado mes de noviembre al Senado para actuar contra él por delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación.
Además,el pasado mes de julio,el Supremo condenó a 8 años de inhabilitación al político canario por prevaricación en la concesión de unas obras de rehabilitación.
