El PP pedía inicialmente que el pago se hiciera el día,si bien ha aceptado la enmienda de sustitución presentada por CiU,cuyo portavoz de empleo,Carles Campuzano,ha remarcado que el Gobierno necesita un periodo de adaptación para aplicar los cambios «sin que generen costes excesivos al sistema».
El diputado 'popular',José María Ponce,ha recalcado que el retraso de los pagos supone un «desfase» en las familias a la hora de abordar los pagos de las facturas y les lleva a una «situación de números rojos» que alcanza 1.200 millones anuales en intereses de demora a los desempleados.
UNA SITUACIÓN «ESPELUZNANTE»
En este sentido,ha explicado que la misma orden ministerial que regula el abono a los desempleados es la misma que determina que los pensionistas cobren su prestación el primer día del mes,y contribuiría a «paliar» una situación «espeluznante» en la que se encuentran «muchos millones» de españoles sin empleo.
«Supondría un respiro para los españoles en esa situación»,ha señalado Ponce,quien ha lamentado que esta situación de «desfase» en los cobros «no tiene sentido» y se une al aumento de la inflación,la falta de crecimiento y los recortes por parte del Gobierno,como el de las pensiones.
EL PSOE LO VE «ELECTORALISTA» Y EL PNV «IRRELEVANTE»
Por su parte,el socialista Angel Víctor Torres Mora,ha tachado de «electoralista» la propuesta inicial del PP,y ha asegurado que causaría «perjuicios evidentes» a 26.000 parados al mes,con un coste de 12 millones de euros,debido al adelanto del cierre de las nóminas al día 20 del mes anterior. No obstante,ha prestado su apoyo al texto pactado con CiU «en la misma dirección» que las actuaciones emprendidas por el Gobierno socialista.
El diputado del PNV,Emilio Olabarria,ha calificado de «irrelevante» la iniciativa 'popular' porque el abono de la prestación mantiene los principios de periodicidad y ha reclamado «iniciativas serias» para afrontar el problema del desempleo.
Por último,el diputado de IU,Gaspar Llamazares,ha destacado también que el adelanto del cobro de la prestación debe de hacerse de una forma que sea compatible con las medidas para evitar pagos «indebidos» sin incurrir en costes de gestión o financieros por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social.
