Gil lamentó lo que a su juicio supone un daño tanto profesional como personalmente las palabras del primer edil de la capital de la Isla al entender que las acusaciones realizadas “son falsas”,además de señalar que no sólo han salido dañados los cinco policías locales sancionados de los siete que conforman el cuerpo de seguridad de la Corporación municipal sino que “entendemos que también la propia Institución con estas formas de actuar del máximo responsable,dañando con sus palabras la imagen de la misma,la imparcialidad y la defensa de la legalidad”.
La representante sindical manifestó que no existen precedentes de estas características ni en el resto de Canarias ni del territorio español,y recalcó que los policías sancionados son víctimas de una campaña de desprestigio.
Por su parte,el representante de los policías expedientados,Armando García,indicó que en ningún momento recibieron órdenes ni verbales ni por escrito que indicaran que tenían que permanecer activos durante la situación de alerta por lluvias,viento y por fenómenos costeros.
García asegura que esta sanción viene a ser la respuesta a un atestado presentado por los agentes el día 10 de marzo de 2010 en el Juzgado por un presunto delito de prevaricación continuada y cohecho,“y casualmente recibimos la notificación de la denuncia al siguiente día”.
El representante de los policías sancionados declara que son víctimas de una persecución profesional y recuerda que ya han presentado un recurso contencioso administrativo contra una sanción que consideran injusta y que mancha su imagen como funcionarios públicos.
Castilla mantiene que desobedecieron órdenes directas
Tras estas declaraciones de los afectados,el alcalde de San Sebastián,Angel Luis Castilla,ha salido al paso y ratifica que las sanciones son justas y se realizaron en virtud de la falta de actuación de estos policías sancionados,sobre todo por haber desobedecido una orden directa de su superior “que en este caso es el alcalde”.
Castilla manifiesta que los expedientados están en su libre derecho a recurrir las sanciones y acudir a los tribunales,pero mantiene que el Ayuntamiento ha cumplido con la legalidad y la aplicación de la sanción por esta desobediencia.
Las sanciones han comenzado a aplicarse pero no en conjunto para que la plantilla de la Policía Local no se vea afectada en las funciones de seguridad de la capital.
