POR TONY M.ALAMO.-Bethencourt alegaba que su abogado,José Aníbal Álvarez,tenía señalada una vista en el juzgado central de lo penal durante los meses de mayo,junio y julio,concretamente los días 1,2,7 y 8 de junio. Esta circunstancia habría obligado a posponer el juicio.
No obstante,un decreto firmado la secretaria de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial,María Pilar Ramos,considera que “no ha lugar a la suspensión del señalamiento” del juicio oral.
Ramos se basa en que la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado establece que el abogado defensor “estará a disposición del Tribunal del Jurado hasta que se emita veredicto,teniendo el juicio oral ante este tribunal prioridad ante cualquier otro señalamiento o actuación procesal”. Además,según expone el decreto,“no existen otras fechas para dicho señalamiento que las expuestas”,puesto que la Sección tiene señaladas vistas orales hasta septiembre.
Así,Esteban Bethencourt deberá volver a sentarse en el banquillo para repetir un juicio,según dictó en septiembre pasado el Tribunal Supremo,en el que fue condenado a cuatro años de prisión y a diez de inhabilitación absoluta para el ejercicio de cualquier cargo público.
El alto tribunal consideró al anular el juicio que,que si bien el informe pericial indicaba la posibilidad de la existencia de una malversación por parte del ex alcalde de Valle Gran Rey,ni el jurado del TSJC aclaró debidamente cuál sería su cuantía ni ésta quedó precisada en la sentencia. Esto era considerado por el Supremo como “una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva”.
Tras la sentencia del Supremo,Bethencourt renunció a su acta de diputado,por lo que el juicio pasa del TSJC a la justicia ordinaria,ya que pierde su aforamiento.
Sorteo del jurado
Precisamente este viernes se ha llevado a cabo el sorteo de las 36 personas que podrían componer el jurado. De éstas,el día 6 de junio se elegirá a 9 para que compongan el jurado.
En el nuevo proceso deberán repetir el que celebró el TSJC. En él,se condenó a Esteban Bethencourt por un delito de malversación de caudales públicos. El tribunal consideró entonces probado que el acusado compaginó los cargos de alcalde de Valle Gran Rey,en La Gomera,y el de diputado del Parlamento de Canarias desde octubre de 1998 a noviembre de 1999,cobrando dietas por ambos.
En ese periodo,según consideró probado el TSJC,Bethencourt percibió,sólo en el periodo investigado,69.000 euros del Ayuntamiento cuando debió haber cobrado 19.000. A estas cantidades habría que añadir casi 7.000 euros que por igual motivo percibió de los fondos del Parlamento canario.
