A partir de ahí,El Día titula en portada: «El Parlamento debe investigar al presidente de Canarias antes de la investidura»,reproduciendo la primera página del citado documento,fechado el 22 de agosto de 1997 en el Consulado General de España en 1997. En la página 22,El Día reproduce las páginas del poder general,agregando que el mismo está colgado en el portal de internet Kanarileaks.
El rotativo que preside y dirige José Rodríguez hace mención a este asunto en su editorial dominical,con el título «Un documento vergonzoso a investigar».
El texto íntegro del comunicado del presidente del Gobierno es el siguiente: «El presidente en funciones del Gobierno de Canarias,Paulino Rivero,ante las informaciones publicadas ayer,sábado,18 de junio de 2011,y hoy,domingo,19 de junio de 2011,en el periódico El Día,manifiesta:
1. Que siempre ha respetado,respeta y respetará la función de los medios de comunicación,la libertad de expresión y de prensa,así como el derecho fundamental de los ciudadanos a recibir información veraz recogido en la Constitución Española.
2. Que la información publicada en el periódico El Día en su edición de hoy,domingo,19 de junio,acerca de la existencia de un supuesto poder notarial otorgado por su esposa y otras dos personas,es rotundamente falsa y se basa en la falsificación de un documento público que nunca ha existido,tal y como queda acreditado en la certificación expedida por el Consulado General de España en México.
3. Que nunca ha admitido,admite ni admitirá que se someta al Gobierno o a su Presidencia a chantaje o presión dirigidos a vulnerar la legalidad vigente en cualquier procedimiento administrativo que se sustancie por la Comunidad Autónoma de Canarias.
4. Que la falsificación de un documento público,utilizando sellos y emblemas del Gobierno de España,constituye un delito de especial gravedad,que exige la intervención inmediata de la Fiscalía General del Estado para la averiguación de las personas involucradas en la falsificación y difusión del documento.
5. Que,en consecuencia,ha dado instrucciones para que se emprendan cuantas acciones legales sean procedentes para la defensa de los intereses de la institución a la que representa y para que se requiera a la Fiscalía General del Estado la investigación de los hechos anteriormente citados».