El magistrado instructor José Francisco Ceres,que investiga en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana el supuesto caso sobre financiación irregular del PP valenciano,ha pedido a la dirección nacional del partido,ubicada en la calle Génova de Madrid,información sobre el modo de funcionamiento financiero de la formación política en esta comunidad.
En un auto con fecha del martes 26 de julio Ceres se dirige «a la dirección nacional del Partido Popular» para que informe sobre el modo de funcionamiento de la contabilidad del partido en la Comunitat Valenciana,»y en concreto sobre personas responsables de la misma»,grado de autonomía económico-financiera y contable del PP valenciano,el modo en que la dirección nacional fiscalizaba y controlaba a su división regional «y especialmente electoral» derivada de las campañas de 2007 (autonómica y local) y 2008 (generales).
Además,pide que se identifique «qué personas del partido en dichos años han sido los que han tenido responsabilidad o intervención» en la formación y presentación de dicha contabilidad,y reclama los estatutos del PP y el reglamento de ordenación de dicha formación política.
Tres piezas separadas
El magistrado Ceres también solicita a Les Corts,el Parlamento valenciano,que confirme la condición de diputados de la antigua cúpula del dimitido presidente Francisco Camps,para su posible aforamiento ante el TSJCV. Entre ellos cita al exvicepresidente Vicente Rambla,al exsecretario general Ricardo Costa,a David Serra y a Yolanda García.
Entre los implicados también figuran los responsables de Orange Market,la marca de la trama Gürtel en Valencia,y los empresarios que presuntamente habrían financiado irregularmente al PP valenciano a través de pagos por adjudicaciones. Se trata,según el auto,de las empresas Facsa,Pavimentos del Suroeste,Grupo Vallalba,Constructora Hormigones Martínez y PIAF.
El juez señala que,para simplificar un asunto tan extenso y complejo,ha decidido activar el procedimiento mediante la formación de tres piezas separadas: una sobre el presunto delito electoral por las elecciones municipales y autonómicas de 2007 (financiación irregular),una segunda relativa al presunto delito de falsedad de 2008,y la tercera por presuntos delitos de prevaricación y cohecho derivados de la contratación de la Feria de Turismo FITUR entre 2005 y 2009 entre la Generalitat Valenciana y Orange Market.