El 14 de diciembre de 2006,el Congreso aprobó la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia,conocida después como La Ley de La Dependencia.
Una Ley que despertó una gran ilusión entre los colectivos afectados por algún tipo de discapacidad y sus familiares. Ilusión que se convirtió pronto en frustración por el escaso grado de cumplimiento de dicha Ley en algunas comunidades autónomas,entre las que se encuentra Canarias.
Cinco años después de la entrada en vigor de la Ley de Dependencia,había llegado el momento de que el Gobierno de Canarias explicara con claridad a la ciudadanía las verdaderas causas del retraso en Canarias de la aplicación de dicha Ley. Por eso,la primera comparecencia que solicité al Gobierno fue la de la Consejera de Cultura,Deportes,Políticas Sociales y Vivienda,Inés Rojas.
La segunda razón,y la más importante,que justificaba esta comparecencia era la de arrancar un compromiso del Gobierno para la puesta en marcha definitiva y completa de la Ley de Dependencia en un horizonte temporal cierto y razonablemente corto,porque muchas de las personas afectadas por una situación de dependencia no pueden esperar.
En cuanto a las razones del retraso,haré mis propias consideraciones. La Ley de Dependencia estatal estableció un nuevo sistema para la autonomía y atención a la dependencia,SAAD,para todo el Estado,invadiendo por tanto las competencias exclusivas de las comunidades autónomas.
El art. 30.13 del Estatuto de Autonomía de Canarias atribuye claramente a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en las materias de asistencia social y servicios sociales,pero el Estado para justificar su antijurídica e infundada intromisión competencial hizo una interpretación laxa y peregrina del art. 149. 1 de la Constitución,que establece como competencia exclusiva del Estado la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles.
Algunas comunidades autónomas que no habían desarrollado aún un verdadero sistema de dependencia aceptaron el del Estado. Otras,como Canarias,que sí lo tenían,tuvieron que aceptarlo para poder disponer de la financiación del Estado,hasta la mitad del total,que sólo se produciría si se adherían al nuevo sistema de dependencia mediante el correspondiente convenio.
Ese chantaje económico hizo que las comunidades no pleitearan contra el Estado y aceptaran la imposición del nuevo sistema de dependencia y por lo tanto consintieran la intromisión del Estado en sus competencias exclusivas,lo que supuso un fatal precedente y un paso atrás en el proceso descentralizador español.
Una vez aprobada la Ley de Dependencia,Canarias continuó simultáneamente con su sistema de dependencia anterior,en muchos aspectos mejor que el estatal,y en cualquier caso distinto. Este período de cohabitación entre los dos sistemas,que ya alcanza casi los cinco años,es lo que ha generado una gran alarma social cada vez que salen los exiguos datos de aplicación de la Ley de Dependencia en Canarias,porque no se tienen en cuenta los más de 36.000 dependientes incluidos en el sistema canario,además de los 13.000 de la Ley de Dependencia.
En cualquier caso,la aceptación de hecho en 2007 por parte del Gobierno de Canarias del nuevo sistema de dependencia,obliga a que ahora sea una exigencia su inmediata aplicación para beneficiar al mayor número de dependientes canarios,que al final es lo único que importa.
Por eso,el compromiso del Gobierno,expresado ayer por la Consejera de Cultura,Deportes,Políticas Sociales y Vivienda,ante el Pleno del Parlamento de Canarias,de culminar la aplicación completa de la Ley de Dependencia en Canarias en dos años,en el 2013,es la mejor noticia que nos podían dar a todos.
