El Movimiento 15M se suma a la denuncia por el trato de favor que Hacienda ha otorgado a Emilio Botín y su familia,a quienes se les ha descubierto cuentas opacas en Suiza con unos 2.000 millones de euros no declarados a las arcas públicas entre 2005 y 2009.
En un comunicado,el movimiento social informa de que se han recabado firmas por toda España que secundan la denuncia que se interpondrá el próximo martes,25 de octubre ante la Fiscalía General del Estado. En Santa Cruz de Tenerife se interpondrá ante la Fiscalía Provincial para su remisión a Madrid,al igual que ha solicitado el abogado Pérez Ventura,quien este viernes interpuso otra denuncia por los mismos posibles delitos: tráfico de influencias y prevaricación.
En la denuncia colectiva del 15M,respaldada por 5.000 ciudadanos,se argumenta que fue en junio pasado cuando se dio a conocer que entre los españoles con dinero fuera de España y no declarado estaban Emilio Botín,su hermano Jaime y sus respectivos hijos. La cifra de dinero opaco se calcula en 2.000 millones de euros,ya que solo han tenido que abonar a Hacienda 200 millones,el 20% del total por intereses de demora y recargos por presentación extemporánea,sin ser sancionados y sin responsabilidad penal.
Los nombres salieron a relucir tras conocerse un auto de la Audiencia Nacional del 15 de junio pasado,por el que se admitía a trámite la denuncia de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado contra la familia de banqueros.
En la denuncia se recuerda que fue la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda de España (IHE),quien interpuso la denuncia,a la que en junio se ha sumado el colectivo GESTHA,que agrupa a técnicos del Ministerio de Hacienda.
El 15M afirma en su comunicado que “ante las informaciones que se hicieron públicas,en el contexto de crisis permanente en el que estamos,con continuas ayudas y beneficios a los bancos en detrimento de la ciudadanía y sabiendo como sabemos que España está a la cabeza en fraude fiscal en Europa con un índice próximo al 30% (más del doble de la media del continente),nos vimos obligados desde la ciudadanía a plantear una investigación judicial”.
Lo que pretende es que se depuren responsabilidades “entre los estamentos que ayudaron a la familia Botín a regularizar su situación en lugar de denunciarlos,un privilegio con el que no suelen contar los ciudadanos de a pie de este país”.