Varias son las razones que explican ese desprecio aunque me quedo solo con una que engloba todas las demás: la ley fue iniciativa de las entonces llamadas islas menores; concretamente de Fuerteventura,Lanzarote,La Gomera y El Hierro donde se recogieron las cinco mil firmas de apoyo al proyecto que el abogado majorero Miguel Velázquez Cabrera puso sobre la mesa de José Canalejas,entonces presidente del Gobierno. Una vez más,es obligado abrevar en las fuentes del documentado trabajo Entender Canarias del Dr. José Agustín Alemán Hernández,conocido en el Siglo como Pepe Alemán. Por aquellas calendas ya los mochazos entre Gran Canaria y Tenerife habían cumplido su primer siglo y el pleito permanecía enquistado.
En 1906 había visitado las islas el rey Alfonso XIII,de feliz memoria y al regresar a Madrid,Romanones que le acompañó publicó una memoria-informe del viaje en el que subrayó lo inadecuado de la aplicación del sistema provincial,centralizado,a territorios tan diferentes como las islas. Para Maura,la larga duración del pleito apuntaba a la existencia de raíces más profundas que el de una mera disputa localista. El verdadero motivo de la receptividad de Madrid obedecía a que el rifirrafe insular había derivado en las circunstancias del momento hacia lo que hoy pomposamente llamaríamos cuestión de Estado para una clase política tocada por el síndrome del 98. No está mal traer aquí a colación,por lo demás,que la normativa de división provincial se había promulgado años antes con criterio estatutario y provisional… y que resultó,por las trazas,provisional para toda la vida.
En el sentido expuesto,el doctor José Miguel Pérez García ha publicado un ensayo sobre la real visita a Canarias de 1906 en la que el historiador citado advierte que poco tenía que ver el borbónico periplo con la cortesía debida a unos súbditos tenidos por leales sin haber siquiera indagado sus sentimientos. La realidad era que España había quedado reducida a sus estrictas fronteras y necesitaba establecer unas nuevas coordenadas de su política exterior y de defensa que acabarían fijándose,por la parte que nos toca,en el eje Baleares-Estrecho-Canarias. Si damos por bueno el análisis del catedrático Pérez García acerca de las motivaciones del viaje alfonsino,es lícito deducir que seis años después de su venida,Madrid continuaba desarrollando su nueva política a la que podría perjudicar que el enconado pleito canario adoptara alguna forma de inestabilidad política crónica.
Movió a Manuel Velázquez el deseo sustraer a las islas menores del pleito de Gran Canaria y Tenerife que las condicionaba hasta el extremo de no tener existencia política ni representatividad,sometidas por completo a la batalla entre las dos islas mayores. La propuesta recogía la tradición canaria de los gobiernos insulares,que databa desde principios del siglo XV en las islas de señorío y de sus últimos lustros en las realengas y,de propina se homologaba con las teorías autonomistas en boga de principios del XX. En realidad,la ley de Cabildos fue adelantada de la modernidad político-administrativa de su época.
Dicho lo anterior,aclararé que he puesto algo de énfasis para contribuir a acabar con uno de los principales lastres de la sociedad canaria: la falta de autoestima que padece en lo general y en particular una clase política de la que lo mejor que puede decirse es que no ha perdido el norte porque nunca ha sabido donde está tan referente como necesario punto cardinal. Llevamos casi cuarenta años de vida democrática y vemos a nuestros representantes ir de aquí para allá a vueltas con las raíces identitarias sin acabar de precisar lo que somos y a qué aspiramos en el concierto de la nación española de la que somos una parte más como cualquier otra de las continentales sólo que arrinconada por mor de su isleñismo.
La sociedad canaria permanece amodorrada por el narcisismo de la belleza de sus peñascos y por la mística de un hecho diferencial ya prácticamente desaparecido del lenguaje político y reducido a unas pocas ventajas fiscales útiles para unos pocos y paupérrimamente defendidas mediante el recurso al lloriqueo y el lamento; el que no llora no mama,ya se sabe; a falta de un discurso firme y coherente que ponga los puntos sobre las íes. ¿ Sémos o no Sémos?
La actual postración de los Cabildos,que lleva a muchos a suspirar por su desaparición,es consecuencia de esa falta de autoestima. Lo que no quiere decir,sensu contrario,que los mitifique más allá de señalar su gestación como uno de los momentos,por no decir el único,más estimulantes como avance hacia una organización político-administrativa dotada de instituciones ajustadas a nuestra realidad «como el guante a la mano»,según Bernardino Correa.
En definitiva,de una y por todas,la cita del Dr. Catedrático Alejandro Nieto: «La ley de Cabildos es notorio que no representa […] una fórmula ideal de definitiva,como ha podido comprobarse por las reformas posteriores. Sin embargo,es evidente que tal era el camino».
Las razones de un fracaso. La ley de Cabildos es de 1912. Poco tiempo después estallaba la Guerra Europea,a la que siguió el crack mundial del 29,seguido en los años 30 por el ascenso de los fascismos,la guerra civil española,la mundial y la larga dictadura que acabó con la muerte de Franco en 1975 y la actual democracia con el tardofranquismo aún vivo. En resumen,un siglo XX dramático poco propicio para que cuajaran instituciones,como los Cabildos,con apetencias autonomistas excomulgadas por los totalitarismos de todos los signos.
Con este marco general lo que aquí conviene destacar son las razones domésticas,inmediatas,del fracaso de cara a un debate que estimo necesario al cumplirse el siglo de la ley. Lo que no quiere decir que espere que se produzca en el ambiente de atonía y disloque de la política canaria actual que ignora lo sustantivo.
En primer lugar,habría que mencionar el error de la propia ley al no eliminar en Canarias el sistema provincial,pues los que estaban de siempre en el macho no veían con buenos ojos unas corporaciones insulares que podían menguar el ejercicio de su poder centralizado,en Gran Canaria no los valoraron más pues siguió con el erre que erre de la División. Cuando ésta se produjo en 1927,es cierto que recortó el ámbito territorial de poderes de Santa Cruz pero al precio de que pasamos a “disfrutar” de dos provincias en lugar de una.
Más de uno ha calificado de «error histórico» la División y es verdad que lo fue ya que desdeñó las posibilidades de la ley de cabildos y consagró su subordinación al sistema provincial duplicado. La dictadura no hizo más que confirmar esta apreciación. La primera autoridad era el gobernador civil y los cabildos,a los que la ley de 1912 permitía mancomunarse libremente y por vía contractual,fueron agrupados en dos mancomunidades obligatorias provinciales. Los presidentes de esas mancomunidades fueron siempre quienes estaban al frente de los dos cabildos de las islas capitalinas de modo que,de la misma tacada,quedaban de segundas autoridades subordinadas al gobernador con el parco consuelo de mandar sobre las menores.
Era de esperar que,con toda esa experiencia histórica a cuestas,el Estatuto de Autonomía de la democracia cambiara las cosas. La realidad es que no ha sido así. Los recelos interinsulares,aunque no han suscitado la virulencia de otros tiempos,siguen estando ahí. Hay quienes ven en el Gobierno de Canarias una secuela de la capitalidad única,una vuelta al sistema provincial con un nombre distinto y no han faltado episodios que les dan la razón. Había que plantearse si no ha llegado el momento de reformar los cabildos,de liberarlos del lastre de burocracia y malos hábitos,de su indefinición respecto a asuntos de trascendencia para sus respectivas islas y,puestos a ser austeros,adelgazar a nivel de pasarela la orondez de la administración autonómica y que sean los cabildos quienes gobiernen su isla sin las actuales duplicidades favorecidas por el afán de los políticos regionales de meter las narices en todas las islas. A lo mejor,la austeridad de moda brinda la oportunidad de tener un Gobierno de la Mancomunidad de Cabildos de Canarias que se ocupe de asuntos muy concretos de carácter suprainsular con lo que se recortaría una ociosa,aparatosa e inútil burocracia administrativa autonómica,amén de liquidarnos éste aprendiz de brujo parlamento regional emperretado sólo en legislar diarreicamente,como señala el abogado del Estado Eduardo Serra. Unos cagaleras vamos,gráficamente dicho. Sé lo poco que interesa a los partidos,necesitados de puestos abundantes para su gente,caminar en esa dirección pero no vendría mal considerar esos extremos y recordar que,después de todo,la gobernanza canaria que conviene no confundir con la mamanza,carece de tradición histórica pues las únicas autoridades con jurisdicción sobre las islas fueron la Iglesia,la Audiencia y,por supuesto,los capitanes generales que hicieron de virreyes y no sé,la verdad,si el empecinamiento del actual Gobierno con la guanchancha no tendrá que ver con alguna arcana añoranza autonómica de uniformes en posición de firmes.
Da para mucho hablar la efeméride que ¿celebraremos? en julio.
Desde el Cantón de Canarias a los veinte días del mes ventoso del año doscientos veinte.
Cien años de la Ley de Cabildos
