En cumplimiento de las líneas trazadas por el Consejo de Ministros en septiembre de 2011,cada una de las empresas públicas habrá de presentar al Gobierno canario un plan de viabilidad específico,que incluye medidas de redimensionamiento,de disminución de costes y de nivel de servicios,de aumentos de tarifas y precios a usuarios privados y de carácter patrimonial o financiera,entre otras.
En la información recopilada por CC.OO. entre sus delegados se observan “situaciones muy diferentes en los distintos tipos de servicios y empresas”. Por ejemplo,la mayoría cuenta con servicios de prevención contratados a entidades ajenas y en unos casos concretos únicamente se ha externalizado la vigilancia de la salud. También predominan las asesorías jurídicas laborales prestadas por abogados externos. Del mismo modo,algunas tienen subcontratado el asesoramiento fiscal y contable,que en otras cubre la propia Comunidad Autónoma.
En vista de esta diversidad,Comisiones sugiere la unificación de todas esas actividades en una gestión asumida por el Gobierno de Canarias o mediante la contratación de un servicio común “bajo unos niveles de calidad óptimos”,que permitan una reducción de costes derivado del volumen de personal.
En cuanto a las instalaciones,el sindicato constata que,en líneas generales,“se encuentran sobredimensionadas para las necesidades de la empresa” y que hasta hay algunas sin utilizar. Sus ideas consisten en el traslado a oficinas más pequeñas,compartir espacios y aprovechar propiedades gubernamentales.
Redimensionar las estructuras de las empresas con la fusión de áreas y departamentos,renegociar conjuntamente los servicios de comunicaciones en busca de condiciones más económicas y reorientar las campañas publicitarias o promocionales hacia formatos virtuales y digitales,en detrimento de canales tradicionales que resultan más costos,son otras de las sugerencias que CC.OO. le hará llegar al Ejecutivo de Paulino Rivero. El listado recoge,asimismo,la “limitación de las ampliaciones de la jornada laboral y la prolongación de los ajustes de gastos en el consumo eléctrico,consumibles de oficina,telefonía,dosificadores de agua potable y,en definitiva,en todos aquellos suministros que puedan reducirse”.
Pero,en opinión de CC.OO,los ajustes no se deberían orientar exclusivamente a la reducción de gastos. Para aumentar los ingresos,recomienda el alquiler o enajenación de las instalaciones de Grecasa (recaudación de impuestos) en Tenerife “en tanto que no permiten el uso para el que fueron adquiridas (almacenaje documental en soporte de papel)”. La central sindical anima,además,al “aprovechamiento de las posibilidades de gestión de las ayudas de los fondos europeos”,a la ejecución de proyectos con financiación privada,así como al incremento de tarifas y de los márgenes de beneficio en la intermediación comercial.
El acuerdo adoptado el 10 de febrero orienta a las empresas en la reducción de gastos estructurales en una cifra consolidable de al menos 20 millones de euros en relación al cierre del ejercicio de 2011 y del endeudamiento financiero en un mínimo de cuarenta millones.
Un denominador común en la política de austeridad es el ajuste en las condiciones de trabajo,“tendentes a la armonización laboral y al aumento de la productividad”. Las directrices de negociación colectiva afectan a la jornada de trabajo,hasta un mínimo de 37,5 horas semanales,y a la cuantía de los trienios,que será establecida en un importe fijo igual al del personal laboral de la Administración pública de la Comunidad Autónoma. Se suprimirán planes de pensiones y seguros médicos,la edad de jubilación forzosa será a los 65 años y habrá un tope retributivo para el personal de cualquier tipo de sociedad.
En palabras del secretario general de CC.OO. en Canarias,Juan Jesús Arteaga,las empresas públicas tienen “una razón de ser,independientemente de que a veces hayan sido instrumentalizadas,usadas como una herramienta política; sobre todo,en la selección de los cuadros directivos”. A veces,ha resaltado,“se aplican precios de amigos,que están por muy encima del valor del mercado y luego se esgrime la falta de viabilidad de las empresas públicas”.
A juicio de Arteaga,“hay que trabajar en la línea de colocar al frente de las empresas públicas a personas con una competencia profesional acreditada,más allá de sus vinculaciones políticas,y de adecuar la actividad de estas sociedades a aquellos precios que sean razonables”.
El dirigente de CC.OO. puso de relieve que “los precios políticos se cubren con subvenciones”,por lo que el balance habría que hacerlo de otra manera. Su ideal es que haya “una acción centralizada,concertada por el Gobierno”.
En principio,explicó,“no se va a cerrar ninguna de las empresas operativas”.