El Gobierno español ha endurecido hoy el lenguaje en su pulso con la presidenta argentina,Cristina Fernández,ante la amenaza de expropiación que pesa sobre las acciones de la petrolera española Repsol en la argentina YPF. Tras recibir durante 45 minutos al embajador argentino en Madrid,Carlo Antonio Bettini,el ministro español de Asuntos Exteriores,José Manuel García-Margallo,ha advertido de que “cualquier agresión contra Repsol,violando los principios de seguridad jurídica,será considerada como una agresión contra el Gobierno español,que tomará las medidas que considere oportunas”,para lo que Madrid ya está recabando “el apoyo de sus socios y aliados”.
El ministro no ha querido detallar cuál serían las medidas de respuesta,con el argumento de que aún confía en una solución negociada a partir del “sentido común y el diálogo”,pero ha reconocido que el Gobierno ya las está estudiando. “El peor de los escenarios sería una ruptura,y no solo en términos económicos,de las relaciones fraternales que mantienen desde hace décadas ambos países”,ha advertido. En la misma estrategia,la vicepresidenta,Soraya Sáenz de Santamaría,ha sido contundente cuando se le ha preguntado qué medidas podría adoptar el Ejecutivo: «Las medidas no se anuncian,se adoptan»,ha respondido tajante en la rueda de prensa del Consejo de Ministros.
De momento,el Gobierno ha activado todos los canales diplomáticos para ejercer presión sobre Buenos Aires. Según ha revelado Margallo,el asunto se ha abordado con la Administración estadounidense –a través del embajador en Madrid,Alan Solomont,y del departamento de Estado–,con la canciller mejicana –ya que México ocupa actualmente la presidencia del G-20–,con Colombia –país anfitrión de la cumbre de las Américas—y con la Unión Europea. Fruto de esta última gestión,según ha confirmado EL PAÍS,ha sido la llamada que el presidente de la Comisión,José Manuel Durao Barroso,ha hecho a Cristina Fernández.
Aunque Margallo ha subrayado que,según sus noticias,aún no ha entrado en el Parlamento argentino el proyecto de ley de expropiación de la empresa petrolera elaborado por la Casa Rosada,el Gobierno es muy pesimista. Fuentes diplomáticas dan por hecho que la decisión está tomada y que solo las desavenencias entre las provincias y el Gobierno central han retrasado por ahora la oficialización de la iniciativa.
La propia decisión de convocar al embajador argentino en Madrid en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores,en vez telefonear a su homólogo,y el hecho de que Margallo se haya hecho acompañar por dos secretarios de Estado –el de Iberoamérica,Jesús Gracia,y el de Asuntos Exteriores,Gonzalo de Benito— da idea de que su objetivo no era recabar información,como se ha justificado,sino escenificar la gravedad del momento que atraviesa la relación entre los dos países.
Por eso también ha sido contundente la vicepresidenta,Soraya Sáenz de Santamaría,en la rueda de prensa del Consejo de Ministros,en la que ha avisado a Argentina,como Margallo,de que el Gobierno defenderá «con todos los instrumentos a su alcance» los «intereses generales» de España,en el caso de una intervención de la filial de Repsol. No ha querido revelar qué medidas tomaría en ese caso el Ejecutivo,pero ha zanjado: «Las medidas no se anuncian,se adoptan». A lo que ha apostillado: Y espero que este Gobierno no tenga que adoptarlas,pero si tiene que adoptarlas,lo hará».
Santamaría ha invitado al embajador «y al país del que procede» a reflexionar,tras la reunión con margallo. «Este Gobierno no va a permanecer parado» y está «trasladando a todos los niveles» al Ejecutivo argentino su «preocupación» con la situación en el país y «la gravedad del momento actual»,reiteró la vicepresidenta.
Sáenz de Santamaría también indicó que el Gobierno ha trabajado «intensamente» y «con discreción» en «este asunto» desde el mes de enero,cuando el ministro de Industria,Energía y Turismo,José Manuel Soria,viajó a Argentina para preocuparse de la situación de YPF.
