Los alcaldes de las Islas han recibido con satisfacción la propuesta del Ministerio de Hacienda de liberarles de las competencias en sanidad y educación. En particular,los responsables municipales celebran no tener que ocuparse del mantenimiento y limpieza de los colegios. Según aclaran,el pago de los conserjes y limpiadoras,sumado a las obras de mejora que todos los años se acometen en los centros escolares suponen una auténtica «sangría» para los municipios.
En este sentido,el alcalde de Adeje,José Miguel Rodríguez Fraga,precisó que su municipio mantiene una plantilla fija dedicada a estas funciones de entre 25 y 30 personas. «Y luego las que hay que contratar cada año para las obras RAM [Reforma,Ampliación y Mejora]; en total,se nos va una cantidad de dinero muy importante»,señaló. Rodríguez Fraga considera que esta es una competencia «absurda,porque lo de los colegios es lo único que nos toca».
Una opinión similar manifestó el presidente de la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y alcalde de Alajeró,Manuel Ramón Plasencia. «Educación no es una competencia de los ayuntamientos; lo de mantener los colegios es algo que nos han ido metiendo poco a poco,así que nos alegramos de que se haga cargo la Comunidad Autónoma»,señaló.
Secundó sus declaraciones el vicepresidente de la Fecam y alcalde de Puerto del Rosario,Marcial Morales,quien destacó que para estas administraciones el mantenimiento de los colegios constituye un «estrangulamiento muy fuerte»,por lo que manifestó que,si se cumple la decisión estatal,se daría respuesta a la demanda de los consistorios.
Financiación
«Lo estamos asumiendo ahora sin ningún tipo de contraprestación por parte del Gobierno de Canarias»,se quejó el alcalde de Ingenio,Juan José Gil,que aseveró: «No me importa que me lancen competencias si vienen con la financiación adecuada».
El alcalde de La Laguna,Fernando Clavijo (CC),no dio importancia a perder o ganar una determinada competencia,sino que insistió en que «lo necesario es que se defina qué servicios tiene que ofrecer el Estado del Bienestar y a partir de ahí,decidir qué institución se encarga de cada uno». Clavijo lamentó que «el PP no tenga claro cuáles son los servicios a los que tiene derecho el ciudadano pero sí sabe cuánto dinero necesita la banca» y explicó que «no importa quién tiene las competencias,sino que se garantice que las acciones llegan al ciudadano».
Tomando como ejemplo su propio municipio,el alcalde lagunero señaló que el consistorio destina cada año 3,5 millones de euros a un programa de asistencia domiciliaria para mayores y discapacitados y se preguntó «¿quién se hará cargo de esas personas si prohíben a los ayuntamientos este tipo de acciones?». «Si nos quitan competencias,al menos que las preste alguien»,reclamó Clavijo.
Además,el responsable del Ayuntamiento de La Laguna auguró que «detrás de esta propuesta de quitar competencias lo que vendrá será un anuncio de más recortes en la financiación de los municipios». Al respecto,el regidor nacionalista insistió en el papel que juegan los ayuntamientos para responder a las demandas de la población,especialmente en lo que se refiere a servicios y acciones sociales y dijo que «somos los alcaldes los que tenemos al vecino tocando en la puerta del despacho a las siete y media de la mañana». «No me preocupa a quién se le dé la competencia en sanidad o educación,sino que los laguneros tengan derecho a ellas»,aseveró.
Acerca de la posibilidad de mancomunar o compartir determinados servicios entre varios municipios,Clavijo entendió que es más viable recurrir a una gestión por parte del Cabildo de Tenerife. «Si hay determinados servicios que son más eficientes desde la óptica insular,para eso están los cabildos,que pueden asumir la competencia en gestión de basuras por ejemplo o a través de un consorcio similar al de bomberos»,defendió. En cualquier caso,entendió que «no es el momento» de agrupar los servicios básicos puesto que «lo único que se conseguiría es que los ayuntamientos o las empresas concesionarias debieran despedir a sus empleados».
El alcalde de Arona,José Alberto González Reverón,añadió que el problema no está tanto en qué servicios deben prestar los ayuntamientos «sino que se inyecte financiación a los municipios para poder llevar a cabo esas acciones». «El modelo municipal español es perverso»,aseveró. Así,apuntó que «desde hace varias legislaturas los alcaldes exigimos que se aporten fondos en función de las competencias porque no podemos asumir más y más servicios». Al igual que Clavijo,González Reverón defendió la función de los consistorios hacia el ciudadano: «Somos los más eficaces por la cercanía con la gente,que va a tocar a la puerta del Ayuntamiento cuando tiene una demanda concreta y no va al Gobierno de Canarias».
Por eso,insistió en que «es necesario modificar la Ley de Bases de Régimen Local,pero también hay que repasar el papel de todas las instituciones porque hay un claro desequilibrio». Por ejemplo,explicó que «mientras los cabildos insulares han ido asumiendo competencias en atención al ciudadano su función está mucho más que justificado por la fragmentación del territorio del Archipiélago» y añadió que «no ocurre lo mismo con las diputaciones provinciales». «Hay que distribuir las competencias,no quitarlas sin más a los municipios»,sentenció.
Para el presidente de la Fecam,»los ayuntamientos lo que deben conservar son las competencias en los servicios sociales,como está recogido en la Ley de Bases de Régimen Local (LBRL),y que se mantienen en la propuesta de reforma».
En efecto,en el artículo 25 de la propuesta de modificación de la Ley de Bases del Régimen Local elaborada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se sostiene,en el apartado E,que los municipios ejercerán,en todo caso,las competencias en Bienestar y Asistencia Social Primaria.
Eso sí,Plasencia reclamó para los municipios la jurisdicción casi exclusiva en Urbanismo. «La Comunidad Autónoma o el Cabildo pueden marcar las líneas generales,pero nada más»,indicó. «Una vez que las corporaciones locales elaboran un planeamiento conforme a la legalidad,no tiene por qué ser tutelado por otra administración». Estas facultades vienen recogidas explícitamente en el apartado A del citado artículo 25.
En cuanto al traspaso de determi nadas competencias a los cabildos cuando los municipios de menos de 20.000 habitantes no puedan ejercerlas «de acuerdo a unos estándares mínimos»,los presidentes de las corporaciones insulares se mostraron cautos. No se oponen a la insularización de determinados servicios,pero advierten de la necesidad de que se les dote de partida presupuestaria para asumirlos. Además,hicieron hincapié en las singularidades de las Islas,que hacen imposible o,cuando menos,desaconsejable que se aplique la misma vara de medir que en la Península.
Cabildos
El presidente del Cabildo de Tenerife,Ricardo Melchior,entendió que «se ha frivolizado mucho» respecto a las competencias y argumentó que «Canarias tiene una realidad muy diferente al resto del territorio nacional». En las Islas,el 85% de los municipios tienen menos de 50.000 habitantes pero no hay ninguno con menos de mil y «están por encima de la media en habitantes por municipios»,dijo. «Es absurdo proponer que puedan desaparecer ayuntamientos»,consideró el presidente de la corporación,quien apostó por la mancomunación de servicios,»especialmente en áreas como Urbanismo.
Al respecto,precisó que la propia corporación que preside ha realizado estudios sobre la manera más eficiente para mancomunar o agrupar servicios «incluso de forma comarcal similar a los menceyatos,uniendo dos,tres o cuatro municipios para compartir servicios como la asistencia social,la recogida de basura o el suministro de aguas». «Desde hace años venimos proponiendo la unión de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna,que comparten más de 100 calles»,añadió.
Por su parte,la presidenta del Cabildo de La Palma,Guadalupe González Taño,apuntó la necesidad de que la Federación Canaria de Islas (Fecai) disponga de «una propuesta concreta para poder analizarla». «Ha habido demasiados rumores y lo que estamos haciendo es confundir y alarmar al ciudadano»,destacó. Para ella,la propuesta de reestructuración de las administraciones públicas «urge»,pero matizó que no se pueden emplear los mismos criterios para la Península que para Canarias «porque somos islas y la distribución del territorio es muy diferente».
El presidente del Cabildo gomero,Casimiro Curbelo,rechazó hacer valoraciones hasta conocer en detalle la propuesta de Hacienda pero destacó la necesidad de que se aporte financianción para las competencias que se transfieran.
Por último,el presidente herreño,Alpidio Armas,se mostró partidario de traspasar competencias. «Es un camino que hay que recorrer»,indicó. «De hecho,nosotros llevamos la recogida de basuras y el abasto y depuración de aguas para toda la Isla»,comentó. No obstante,aseguró que se negará a «asumir más funciones si no es con la correspondiente partida presupuestaria».
