La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias,Brígida Mendoza,anunció hoy que “desde la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias hemos trasladado a la Ministra de Sanidad,Servicios Sociales e Igualdad los problemas detectados durante la primera semana de entrada en vigor del Real Decreto Ley 16/2012,en lo que a modificación de la aportación farmacéutica por parte del usuario se refiere”.
Tras la entrada en vigor del Real Decreto Ley el pasado 1 de julio y tras su aplicación en la Comunidad Autónoma Canaria durante esta semana,Brígida Mendoza ha puesto en conocimiento de la Ministra “los problemas detectados durante estos días”.
Así,en el punto UNO del artículo 1 del Real Decreto Ley se establece la condición de asegurado y en el punto DOS se define el órgano responsable y circuito de reconocimiento y control de la condición de asegurado,queda redactado de la siguiente manera: “Reconocimiento y control de la condición de asegurado. El reconocimiento y control de la condición de asegurado o de beneficiario del mismo corresponderá al Instituto Nacional de la Seguridad Social,a través de sus direcciones provinciales,que establecerá los requisitos documentales a presentar en cada caso. Una vez reconocida la condición de asegurado o de beneficiario del mismo,el derecho a la asistencia sanitaria se hará efectivo por las administraciones sanitarias competentes,que facilitarán el acceso de los ciudadanos a las prestaciones de asistencia sanitaria mediante la expedición de la tarjeta sanitaria individual”.
La Consejera de Sanidad expuso que “en la actualidad los usuarios tienen una absoluta desinformación dado que la administración que el Real Decreto Ley manifiesta como competente en materia de aseguramiento,que es el INSS,no está resolviendo los problemas planteados por los ciudadanos”
Según Brígida Mendoza “durante el tiempo transcurrido desde la publicación del Real Decreto Ley hasta la entrada en vigor del mismo,por parte de esta Comunidad Autónoma,en el ánimo de minimizar las consecuencias que la incorrecta aplicación del mismo generara en los ciudadanos,hemos intentado definir los mecanismos de información a los usuarios para que quedara lo más definido posible,sin que hayamos podido establecer adecuados mecanismos de coordinación con las Direcciones Provinciales del INSS (dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y,por tanto,del Gobierno de España) mencionadas en el Real Decreto Ley”.
Asimismo,afirma la Consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias que “no ha sido hasta esta semana,después de diversas reuniones técnicas con informaciones contradictorias,cuando se nos ha informado por parte del Ministerio que,en contra de lo que dice el Real Decreto Ley,las Direcciones Provinciales del INSS no van a intervenir en el proceso. Por el contrario,nos han planteado que,ante la disconformidad del ciudadano,sean los servicios regionales de salud los que de manera diferida tramitemos la documentación al Ministerio de Sanidad,el cual confirmará en la siguiente descarga de la base de datos”.
Para Brígida Mendoza “puesto que este proceso hace mucho más compleja la respuesta al ciudadano y se ha tomado sin el adecuado consenso con las Comunidades Autónomas,hemos trasladado a la Ministra que nos manifestamos contrarios a este mecanismo por generar indefensión al ciudadano (alejándole notablemente el servicio ya que,ante la discrepancia,en algunos casos por posible error de la administración,el usuario no podrá verla resuelta hasta pasado un tiempo dado que las bases de datos no van a ser actualizadas por el Ministerio con la frecuencia que se había establecido inicialmente y,mientras,se verá obligado a abonar la aportación asignada); por incrementar el personal administrativo necesario para realizar este tipo de gestiones en las Comunidades Autónomas (que no estaba previsto,máxime en este contexto económico) y,finalmente,por responsabilizar en la práctica de la gestión de un procedimiento a una administración que no tiene competencias para su resolución,en este caso el Servicio Canario de la Salud,tal como se establece en el Real Decreto Ley,con lo cual solamente gestionará los conflictos sin la posibilidad de dar soluciones,ni de disponer de ninguna información adicional al respecto ni acceso a bases de datos. Por todo ello,nos vemos en necesidad de resolver el problema generado por el propio Ministerio y que hasta ahora no existía”.