El vicepresidente del Gobierno canario,el socialista José Miguel Pérez,ha calificado hoy como un «castigo excepcional» el recorte que se quiere imponer a Canarias en sus cuentas del próximo año por parte del Gobierno central,y ha criticado el trato «discriminatorio» en favor del PP.
Pérez,en declaraciones a Efe,ha manifestado que Canarias ha cumplido como ninguna otra comunidad con los deberes a la hora de respetar los límites del déficit,pero,sin embargo,el castigo que recibe es «excepcional»,porque no se trata a todas con equidad,sino de forma «muy discriminatoria a favor de las comunidades del PP».
Según Pérez,el PP y el Gobierno de España «han vuelto a jugar con las cartas marcadas»,convocando primero a sus comunidades antes de celebrar el Consejo de Política Fiscal y Financiera,y tratando de imponer al resto unas políticas «sectarias y claramente lesivas» para los recursos básico en materia de sanidad,educación y políticas sociales.
El líder del PCS-PSOE opina que,con la excusa de crisis,el PP está detrayendo recursos para estas políticas básicas y lo hace «con cartas marcas»,favoreciendo a las comunidades del PP,y pretende que los demás,»en aras de un supuestos patriotismo,sigan al tuntún unas políticas que no han mejorado la situación de crisis sino que la empeora».
El vicepresidente del Gobierno canario asegura que «no hay una sola medida del actual Gobierno de Mariano Rajoy que haya servido para mejorar la crisis,sino para empeorar y detraer recursos gestionados por las comunidades autónomas,que reciben un «palo continuo» por parte del Ejecutivo central.
A su juicio,el objetivo de la derecha en esta crisis «es desmantelar a fondo la gran construcción de la democracia,que es el Estado Social y de Derecho».
Pérez ha señalado además que el PP tiene que explicar de dónde pretende que se detraigan los millones de recursos adicionales de ajuste que quiere imponer a las comunidades y que en el caso de Canarias serían 120 millones de euros el próximo año.
«Este Gobierno está mermando las funciones y capacidades autonómicas y acabando con los servicios básicos,con la educación y la sanidad públicas y con los servicios sociales,asfixia a las comunidades y a los ciudadanos practicando una política de imposición permanente,sin dar cabida alguna al acuerdo,ni mucho menos,al diálogo»,ha señalado Pérez.
