POR JOSÉ LUIS CÁMARA.- Las farmacias del Archipiélago continúan estando en situación “crítica”. Los reiterados impagos por parte de la Consejería de Sanidad -que debe más de 80 millones de euros por las facturas de mayo y junio- han situado a muchas boticas al borde del cierre. Eso es,al menos,lo que asegura el presidente de la Asociación de Farmacias de la provincia de Santa Cruz de Tenerife,Manuel Díaz Feria,quien sostiene que “al menos 13 farmacias se encuentran situación de restricción de servicio”.
Ello,según explica Díaz Feria,supone que las cooperativas (Cofares y Cofarte) no les están suministrando medicamentos,o bien que solo les están sirviendo fármacos hasta un importe determinado. “Es el siguiente paso al desabastecimiento,y el anterior al concurso de acreedores o al cierre”,recalca el presidente de la asociación de farmacias,que calcula que “el 20% del personal de las oficinas de farmacia perderá su puesto de trabajo” en los próximos meses si siguen prologándose los impagos.
“Muchos farmacéuticos se han visto obligados a reducir las horas de sus trabajadores,pero si esto continúa así tendrán que despedirlos,porque la situación de los profesionales es insostenible”,subraya Manuel Díaz Feria,que deja claro que el sector está al margen de batallas políticas. “Parece que el Gobierno de Canarias no considera prioritario pagar a las farmacias por el suministro de medicamentos a los ciudadanos,que son los realmente afectados por la situación”,reitera Díaz Feria,que se queja de que los profesionales llevan doce años siendo “maltratados” por la Administración.
Según explica el presidente de la Asociación de Farmacias de la provincia de Santa Cruz de Tenerife,la Consejería se ha comprometido con el Colegio de Farmacéuticos a abonar la próxima semana la factura correspondiente al mes de mayo,aunque en Sanidad siguen echándole la culpa de la deuda al retraso en las transferencias del Estado.
De hecho,como publicó el DIARIO hace unos días,la Consejería manifiesta que las transferencias son “claramente insuficientes para sufragar los servicios básicos”. “El presupuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias destinado en 2012 a los servicios esenciales asciende a 4.600 millones de euros (el 70% del Presupuesto de la región) y el Gobierno central solo transfiere 3.200 millones de euros. Por ello,el Ejecutivo autonómico se ha visto obligado a sufragar la diferencia y poner de su presupuesto 1.400 millones de euros,que resta de otras partidas”,inciden en Sanidad,donde recuerdan que “el modelo actual de financiación no es específico para los servicios públicos,sino que la transferencia es global para toda la Comunidad Autónoma”. “Canarias lleva tiempo solicitando un modelo de financiación donde los servicios públicos,sanidad,educación y prestaciones sociales tengan carácter finalista y se realice por criterios equitativos para todas las regiones”,concluyen.
Unas afirmaciones que contrastan con las declaraciones realizadas la semana pasada por la exconsejera de Sanidad del Ejecutivo,la popular Mercedes Roldós,quien señaló que “es falso que haya retraso alguno en las transferencias del Estado destinadas a pagar a las oficinas de farmacia”.
El copago,un lastre
Mientras la Consejería de Sanidad alardea de los buenos resultados obtenidos en el primer semestre del año en lo que a ahorro farmacéutico se refiere,los profesionales alertan de que esta prolongada bajada de los precios está poniendo “en peligro” el servicio. Según explica el presidente de la Asociación de Farmacéuticos de Tenerife,Manuel Díaz Feria,“el copago ha provocado un descenso de un 40% en los ingresos de las farmacias”,algo que considera “insostenible”. Además,recuerda el portavoz de los farmacéuticos,“llevamos 12 años siendo maltratados fiscalmente por la Administración,que no nos permite tributar como cualquier otro comercio”. “Nos están soslayando nuestros derechos y menospreciando el servicio que damos”,denota Manuel Díaz Feria,que recuerda que “los verdaderos perjudicados son los ciudadanos”.
Los profesionales sufrirán en septiembre una nueva medida de ajuste,con la entrada en vigor del medicamentazo,que excluye del sistema de financiación pública a unos 425 fármacos. Para Manuel Díaz Feria,la decisión del Gobierno es “muy precipitada”. “La ministra propuso a finales de junio un borrador y un listado de medicamentos,para someterlos a la consulta de las partes implicadas,entre ellas asociaciones de pacientes,instituciones farmacéuticas,etc. Por tanto,no era previsible que dicho proceso concluyera antes de julio,y el borrador contempla que se ponga en marcha el día uno del mes siguiente a su publicación en el BOE. Incluso sería previsible que ni siquiera en septiembre se aplique el decreto”,afirmó Díaz Feria.
