POR BELÉN MOLINA.- La Junta Electoral Central ha emitido un acuerdo en el que ratifica que el alcalde de Arona,José Alberto González Reverón (CC),debe cesar como tal por el Pleno municipal de ese Ayuntamiento del sur de Tenerife,tras haber sido condenado por prevaricación continuada,en junio pasado,a cuatro años y medio de inhabilitación para ejercicio de cargo público,y también señala que al Pleno únicamente le compete tomar conocimiento del cese y nombrar sustituto.
La incompatibilidad de González Reverón para ejercer como alcalde viene marcada por la reformada Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LORGE),que determina que deben cesar en sus cargos públicos quienes haya sido condenados por delitos contra la Administración,como es el caso,aunque la sentencia no sea firme.
La resolución de la JEC,firmada por su presidente Carlos Granados Pérez,con fecha de 25 de octubre pasado,es en respuesta a una consulta de los concejales de la oposición de Ciudadanos por Arona,Partido Popular y PSOE,sobre cómo llevar a cabo el cese del alcalde nacionalista y si compete ese cese a la Junta.
La respuesta es que no,que compete al Pleno municipal,pero sin que quepa votación al respecto,ya que la privación del cargo se produce “ex lege”,es decir,por fuerza de ley,lo que significa,según fuentes jurídicas consultadas por este periódico,que “el alcalde habría dejado de serlo en el momento desde que le fue notificada su condena”.
En el documento de la JEC se comunica que el cese de José Alberto González Reverón es “competencia del Pleno de la Corporación Local,si bien debe hacerlo solo a los efectos de su toma de conocimiento,puesto que la privación del cargo se produce ex lege por aplicación de lo dispuesto en los apartados 2 y 4 del artículo 6 de la LOREG. Todo ello sin perjuicio de las acciones legales puedan plantear para exigir el cumplimiento de cualquier condena penal”.
Para el concejal de la oposición,José Antonio Reverón (Ciudadanos por Arona) el alcalde “está usurpando el poder”,mientras que para el Gobierno local,el cese de González Reverón sería “una vulneración de sus derechos”.