Los senadores canarios reclaman al Gobierno que active la ‘OSP’ fijando los precios máximos en dterminadas rutas áreas entre las islas y la península
Madrid,27 de noviembre de 2012
Los senadores socialistas canarios Aurelio Abreu,Arcadio Díaz Tejera,Domingo Fuentes y Gregorio Medinapresentarán en una próxima reunión de la Comisión de Fomento una moción por la que se reclama al Gobierno que active la Obligación de Servicio Público (OSP),fijando los precios máximos en determinadas rutas aéreas entre las Islas Canarias y la Península y viceversa.
De esta forma,se garantizaría la conectividad,la cohesión interterritorial y se frenarían los abusos que están cometiendo las aerolíneas con las tarifas aéreas.
Los parlamentarios del PSOE han justificado la necesidad de aprobar esta propuesta y han explicado que las OSP responden a la necesidad económica y social de facilitar la movilidad de los ciudadanos residentes en unos territorios segmentados para los que la vía aérea es la única modalidad de transporte posible al no tener accesoa otras alternativas de transporte.
A continuación,han recordado que con el cierre de Spanair,en enero de 2012,los precios empezaron a incrementarse y que,posteriormente,la situación se ha visto agravada cuando las compañías aéreas dieron a conocer sus operativas de invierno,que entraron en funcionamiento en octubre,mes en el cual se produjo el cambio horario.
Este escenario esta afectando a las islas capitalinas de Gran Canaria y Tenerife,pero de manera especialmente grave a islas como Fuerteventura,Lanzarote y La Palma en las que prácticamente no existe regularidad ni competencia en las conexiones diarias con la península y viceversa,teniendo los residentes en estas islas que realizar escalas forzosas en Gran Canaria y Tenerife para poder desplazarse a cualquier punto de la Península.
De esta forma,los senadores canarios han concluido subrayando que esa falta de competencia,continuidad,frecuencias y regularidad,así como el incremento desmesurado de los precios de los billetes,es lo que obliga a la intervención del Gobierno español como regulador,que debe declarar la obligación de servicio público en determinadas rutas entre Canarias y la Península y viceversa,ya que esta situación esta incidiendo negativamente en desarrollo social y económico de Canarias.