El anteproyecto de ley para la reforma de la Administración Local aprobado este viernes por el Consejo de Ministros fija una tabla de sueldos para los alcaldes que irá en función del número de habitantes de los municipios.
En ningún caso cobrarán más que un secretario de Estado (los alcaldes de municipios de más de 500.000 habitantes)y los regidores de municipios de menos de 1.000 habitantes no cobrarán por ejercer.
Por otro lado,el 82% del total de concejales (68.285) no tendrá dedicación exclusivay realizará su actividad política sin cobrar. Así,sólo 12.188 tendrán remuneración,ha anunciado el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas,Cristóbal Montoro,en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Además,el Gobierno prohibirá la creación de nuevas empresas públicas municipales y las ya existentes tendrán que disolverse,según ha anunciado Montoro.
El ministro,que ha explicado además que las mancomunidades y entidades locales que no rindan cuentas «deberán desaparecer»,ha dicho que la legislación busca redimensionar el sector público municipal.
Como principio general,se definen «de una forma precisa» las competencias locales y se evitan las duplicidades. En suma,ha apuntado el ministro,la reforma supone «avanzar en el municipalismo. No es quitar competencias a los ayuntamientos,porque entendemos que no debe de ser así».
La diputación provincial será como «un gran gestor» de los municipios más pequeños,que son la mayoría de los municipios españoles.
La vicepresidenta del Gobierno,Soraya Sáenz de Santamaría,ha afirmado en la rueda de prensa que esta reforma será «muy importante para fortalecer el entramado institucional» y establecer la «racionalización» de los recursos.
Según ha explicado,la norma está encaminada a «clarificar competencias municipales para evitar duplicidades,racionalizar la estructura local buscando el equilibrio financiero y dotar de una mayor profesionalización a toda la administración local.
Con la reforma el Gobierno estima un ahorro de 7.129 millones de euros. El texto ha sido remitido al Consejo de Estado para que elabore un informe previo a su envío a las Cortes para su tramitación.