Por Iballa Socorro .- Los cabildos y ayuntamientos canarios denuncian que el informe sobre la reforma municipal aprobado el viernes por el Consejo de Ministros no respeta las singularidades del Archipiélago. El presidente de la Federación Canaria de Islas (Fecai),Casimiro Curbelo,especifica que una de las peculiaridades que distingue a los consistorios de la Comunidad Autónoma de los del resto del país es que estos cuentan con un fondo de financiación que respalda sus actividades. En su opinión este aspecto debe tenerse en cuenta a la hora de clarificar las competencias municipales.
«Los ayuntamientos isleños disponen de un fondo municipal con más de 200 millones de euros que garantizan el que puedan prestar un servicio eficiente a los ciudadanos,algo de lo que no disponen los municipios de otras autonomías»,afirma Curbelo,también presidente del Cabildo de La Gomera.
El secretario general de Coalición Canaria (CC),José Miguel Barragán,se suma a este reclamo y asegura que el anteproyecto se ha elaborado sin tener en cuenta las especificidades de Canarias al limitarse a equiparar la provincia con la isla y la diputación con el cabildo insular. «Se desconocen las circunstancias territoriales,sociales e institucionales que concurren en el Archipiélago»,apunta.
Barragán comenta que el objetivo del equilibrio presupuestario y la suficiencia financiera de la administración municipal que persigue el Gobierno central «no es causa suficiente para ignorar esta realidad ni tampoco es incompatible con un régimen especial que responda a la realidad insular».ç
Por su parte también parlamentarios de ámbito estatal como el senador por La Gomera,Gregorio Medina Tomé salió al paso ayer con un comunicado cuestionando la aprobación del Anteproyecto. Medina considera que esta iniciativa del Gobierno de Mariano Rajoy sobre la reforma de la Administración Local “es un auténtico retroceso democrático que dejará a los ayuntamientos sin capacidad para ejercer sus competencias y devuelve a España a los años 70,trasladando a las diputaciones provinciales,cuyos miembros no son elegidos democráticamente por los ciudadanos,la capacidad de decidir,mientras los alcaldes electos,quedan supeditados a la voluntad de la propia Diputación e incluso a la del Secretario o Interventor del Consistorio”.
Mancomunidades
Uno de los asuntos tratados por la reforma local hace referencia a las mancomunidades. Éstas deberán rendir cuentas al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en tres meses o de lo contrario serán disueltas y sus servicios pasarán a depender de los cabildos.
«¿Cómo podrá gestionar un cabildo un servicio que era deficitario para una mancomunidad sin que también lo sea para él? Porque son los mismos ciudadanos los que tienen que pagar servicios como el de la recogida de residuos,y si no pueden afrontar esos recibos para las mancomunidades tampoco podrán hacerlo cuando se lo pida el cabildo»,expone Antonio Morales,alcalde de Agüimes
Como vicepresidente de la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria,Morales afirma que esta medida «a nosotros no nos va a afectar porque somos una mancomunidad totalmente saneada que pagamos a los proveedores al día y que no tenemos problemas».
La idea de que la reforma de la administración local «aleja» a los ayuntamientos de los ciudadanos es otra de las posturas más compartidas entre los representantes de las instituciones municipales e insulares de Canarias. El presidente de la Federación Canaria de Municipios (Fecam),Manuel Ramón Plasencia,prevé que con la nueva Ley de Bases de Régimen Local los ayuntamientos se verán «con escasas competencias e incapaces de dar respuesta a los problemas reales de la ciudadanía,que los tienen como referencia en primera instancia para la búsqueda de soluciones a sus problemas».
Plasencia considera que se debe evaluar «y estar completamente convencidos» de que este anteproyecto de ley realmente «es una iniciativa legislativa que elimina las duplicidades y que establece mecanismos de financiación»,ya que de no ser así,»debemos andar con pies de plomo para evitar debates innecesarios que crean incertidumbre y tensión»,añade.
Para los socialistas canarios las medidas contenidas en el informe,que ahora pasa al Consejo de Estado antes de ser remitido a las Cortes Generales,supone «un paso atrás» en la prestación de servicios públicos ya que consideran que la intención del texto es distanciar al ciudadano de la que califican como su administración más cercana. «Los servicios serán peores,estarán centralizados en estructuras supramunicipales y la ciudadanía tendrá más dificultades para realizar sus demandas»,afirma el secretario general del PSC-PSOE de Gran canaria,Ángel Víctor Torres.
Desde los cabildos y ayuntamientos isleños se espera la apertura de un proceso de diálogo «razonable» entre los partidos políticos y los municipios con el Gobierno antes de que la reforma sea definitivamente aprobada. El presidente de la Fecam considera necesario que se establezca un consenso para que,de forma especial,»se tengan en cuenta las especificidades del Archipiélago y el papel histórico» de todos los ayuntamientos de Canarias.
