POR NOÉ RAMÓN.- El origen del término Mamotreto para referirse al que iba a ser el futuro centro comercial y macroaparcamiento de Las Teresitas es atribuido de forma apócrifa al entonces concejal de Santa Cruz,Ignacio González,cuyo padre vendió estos terrenos al Ayuntamiento,otros lo escucharon por primera vez en una rueda de prensa que dio José Manuel Corrales cuando era secretario del PSOE de Santa Cruz y otros más lo consideran simplemente fruto del ingenio popular.No es nada nuevo. El arquitecto del edificio,Dominique Perrault,vio como su diseño para el Palacio de la Ópera de Viena acabó siendo conocido como El Huevo o la primera constitución española fue inmediatamente bautizada como La Pepa.
El edificio se ha convertido en un monumento a los 16 años de gobierno de Miguel Zerolo y ha dado lugar a que de nuevo destacados dirigentes de la antigua Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI) se sienten a finales de año en el banquillo. Por si fuera poco desde que se paralizaron las obras a principios de 2008 ha costado la friolera de 30.000 euros mensuales su mantenimiento y vigilancia. El Ayuntamiento,encabezado ahora por José Manuel Bermúdez,se niega a derribarlo hasta que no haya una sentencia firme. Pero lo cierto es que ésta ya existe. Un juzgado determinó que la decisión adoptada en 2009 por el pleno con los votos del PSOE y del PP,que por entonces había roto el pacto con CC,y los concejales de Ciudadanos era plenamente válida para proceder a su derribo.
Ahora se está a la espera del resultado de la vista oral en la que se sentarán en el banquillo de los acusados la exconcejal de Urbanismo y hoy delegada del Gobierno en La Gomera tras su pase a las filas del PP,Luz Reverón,el ex concejal de Urbanismo,Manuel Parejo,de Obras,José Domínguez Pastor,y Norberto Plasencia,junto a los técnicos del organismo autónomo,Epifanio Gómez,Loreto Ariz y Candelaria Benítez.
Las penas que pide la Fiscalía no son especialmente elevadas. Para Plasencia,Parejo,Domínguez y Ariz solicita tres años de prisión para cada uno de ellos y para los demás dos. El problema más bien radica en que en el caso de Parejo y Plasencia están imputados en otras causas,con lo cual el suma y sigue podría convertirse en peligroso a corto o medio plazo. Por ejemplo,el primero está imputado por el caso de Las Teresitas,la inejecución de una sentencia de derribo en La Ninfa,la compra de la Casa Siliuto y algunas fuentes lo relacionan también con el caso Fórum. La situación de Plasencia no es mucho mejor. Permanece encausado en el vertido de aguas negras de La Hondura,la compra de la Casa Siliuto o La Ninfa.
La fiscal para los delitos medioambientales,Inmaculada Violán,tiene perfectamente definidas las responsabilidades de cada uno de los protagonistas en la construcción del edificio. Básicamente los considera culpables de haber permitido que se iniciaran los trabajos sin contar con los obligatorios permisos por parte del Gobierno de Canarias y de Costas propietarios de los terrenos.
En cuanto a los que pertenecían al Ayuntamiento tras haberlos comprado a la empresa Inversiones Las Teresitas (ILT) en 2001,una sentencia del Tribunal Supremo (TS) anuló esta venta,con lo cual tampoco eran ya a la ciudad. Pese a que el grupo de gobierno encabezado por Miguel Zerolo fue consciente del enredo judicial que rodeaba esta playa,se decidió iniciar las obras con el fin de eliminar las reticencias que tenía Costas a cumplir con su parte del convenio. A finales de 2006,Zerolo,junto con el arquitecto francés,dio el pistoletazo de salida en medio de una caótica rueda de prensa en la que los periodistas no hacían sino preguntarle al exalcalde por las denuncias que en aquel momento se estaban tramitando. Zerolo era incapaz de disimular su enfado y Perrault miraba a todo el mundo sin saber de lo que estaban hablando. Poco después lo sabría y además de sobra.
En el escrito de acusación,Violán deja claro que en el epicentro de este escabroso asunto se sitúan Parejo,Plasencia y Domínguez,concejales de Obras y de Urbanismo de forma simultánea o separadamente en una ordenada y a veces sólo aparente confusión. A todos ellos la fiscal los acusa de haber actuado “con plena conciencia de que el proyecto no se ajustaba a la normativa urbanística,que debía haber sido sometido a una evaluación de impacto ambiental y que adolecía de las autorizaciones administrativas que eran obligatorias al estar afectados terrenos de dominio público”.
Pese a todo,de forma “arbitraria”,decidieron “iniciar,tramitar e impulsar” el proyecto a principios de la pasada década. Y para ello dieron instrucciones “precisas” a los funcionarios,algunos de los cuales se sentarán también en el banquillo. Por ejemplo,Gómez,a quien la Fiscalía acusa de haber actuado “en connivencia” con los concejales “y fuera del ámbito de sus competencias”,ya que no le correspondía informar sobre la conformidad o disconformidad del proyecto y además se estima que era consciente de que su aprobación “resultaba inviable”. La Fiscalía basó su imputación,sobre todo,en uno de los informes en los que hacía constar “únicamente” que el proyecto de Urbanización “en líneas generales se ajusta sustancialmente a la ordenación urbanística” de la zona. Sin entrar en ningún tipo de detalle o reparo más.
Ariz ocupaba el puesto de jefa de Servicio de Proyectos Urbanos y la Fiscalía no duda de que también era conocedora de los pormenores de esta obra,su alcance y afección a los bienes de dominio público. Junto con la abogada Benítez -curiosamente hija del alcalde de El Rosario,Macario Benítez- evacuaron informes favorables,algunos sin fechas y con menciones genéricas a la necesidad de que el proyecto se adaptara a la legislación nacional de Costas. Nunca se les hizo caso. Pero tampoco jamás mencionaron un aspecto esencial como la imposibilidad material de disponer los terrenos sobre los que se iba a trabajar sin contar previamente con la obligatoria licencia por parte del Gobierno canario y del organismo estatal. Así las cosas,en 2004 se da el visto bueno definitivo a las obras que se adjudican en 2006 a la empresa OHL y se inician en el mes de diciembre de ese año,justo cuando la Fiscalía Anticorrupción presentó la denuncia que todavía se sigue tramitando y que mantiene como imputados a trece personas entre el ex alcalde,Parejo,los empresarios,Ignacio González y Antonio Plasencia,sus hijos,ex concejales y varios funcionarios municipales.
Durante todo el proceso previo que concluyó con la adjudicación,la fiscal sigue un rastro claro,como si de migas de pan se tratara,dejado por Plasencia,Parejo,Ariz y Gómez en todas y cada una de las decisiones que iban tomando. No se llevó a cabo el acta previa de replanteo,que significa que los terrenos están disponibles,no se contó entonces ni se hizo nunca con las autorizaciones de Costas y del Gobierno canario,ni se había firmado el convenio con el organismo estatal. De hecho,el Ministerio de Medio Ambiente había preadjudicado su parte a la empresa Acciona,pero cuando se emitió la sentencia del Supremo decidió indemnizarla sin haber movido una sola piedra después de que el Abogado del Estado advirtiera sobre las irregularidades que se estaban sucediendo.
Pero además por aquellas fechas Costas estaba procediendo a realizar el nuevo deslinde,con lo que de forma automática quedaba suspendida cualquier posibilidad de realizar trabajo alguno en este ámbito. Por entonces,Intervención emitió un informe negativo primero porque no se había llevado a cabo el acta de replanteo y segundo por que el proyecto no había sido debidamente informado. Para solventar estos reparos,Plasencia y Ariz hicieron un simulacro de acto administrativo concluyendo con que se disponía de los terrenos y no había ningún impedimento para iniciar las obras. Intervención no pareció muy convencida y siguió poniendo peros a la actuación. No es raro que la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) comenzara ya a plantear sus primeras denuncias.
En 2007,antes de las elecciones con los trabajos a pleno ritmo y descargándose toneladas de hormigón para construir el edificio,se plantea un modificado del proyecto para construir 130 plazas de aparcamientos más frente a las 272 anteriores. Los planes eran disponer de una planta subterránea a coste cero y así accedió a hacerlo el equipo de Perrault. En este momento se celebran las elecciones locales,justo cuando trasciende la sentencia del Supremo que anula la compraventa. La nueva concejal de Urbanismo es Luz Reverón,a quien la fiscal acusa de haber actuado “con pleno conocimiento de todas las irregularidades acontecidas hasta el momento”,pese a lo cual avaló la continuación de los trabajos.
A finales de 2007,Costas comunicó al Ayuntamiento que las obras estaban invadiendo sus terrenos y a principios de 2008 la empresa anunció que por este motivo había decidido paralizar los trabajos. En el mes de marzo el Ayuntamiento decidía tirar la toalla y dio por perdido el proyecto de Perrault. A raíz de las denuncias presentadas por la Asociación de Amigos de Las Teresitas,ATAN y el PSOE se inició la causa penal que ahora desembocará a finales de año en la celebración del juicio. Mientras se intentaron varios subterfugios como conseguir una autorización del Gobierno de última hora que resultó inviable,un modificado del proyecto que costaba una friolera de dinero,amenazar con no limpiar más la playa o llevar a Costas ante los tribunales por incumplir su compromiso,lo que tampoco arrojó ningún resultado positivo
Las siete caras del Mamotreto
