SOL RINCÓN BOROBIA .- Los ayuntamientos no lo van a tener nada fácil en el caso de que prospere el anteproyecto de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local que el Gobierno de España ha puesto sobre la mesa. Sobre todo,los más pequeños. Según la norma propuesta,los consistorios del país con menos de 20.000 habitantes que no atiendan de manera «eficaz» los servicios municipales deberán ceder su gestión a las diputaciones provinciales y,en el caso de Canarias,a los cabildos insulares. En el Archipiélago,dividido en 88 ayuntamientos,hay 60 pueblos de menos de 20.000 ciudadanos,de los que 16 están en Tenerife.
En concreto,el anteproyecto legal establece que estos ayuntamientos se quedarán sin competencias en el caso de que no cumplan con el coste estándar que se establezca para cada servicio,o sean «ineficientes». Si esto ocurre,los cabildos tendrán un mes de plazo para asumir la gestión. Además,también se prevé la opción de que sean las propias corporaciones –previa aprobación en el pleno– las que voluntariamente cedan las competencias a los cabildos o diputaciones.
Pero el texto no solo se centra en los municipios con una población inferior a los 20.000 ciudadanos. También establece otro castigo adicional para los de menos de 5.000 habitantes en caso de que no cumplan con los objetivos de estabilidad presupuestaria: serán intervenidos y sus alcaldes y concejales no percibirán sueldo.
En cuanto a las competencias que hasta ahora estaban gestionando los municipios,también sufren cambios. Concretamente,muchas pasan a depender de la Comunidad Autónoma,como los de sanidad,educación y los de carácter social.
Ante esta situación,la Federación Canaria de Municipios (Fecam) tiene previsto reunirse la próxima semana para tomar posiciones en contra de la norma propuesta. Su presidente,Manuel Ramón Plasencia,augura malos tiempos para los ciudadanos,ya que la ley afectará,en caso de aprobarse tal y como está,a los servicios más básicos dispensados por los ayuntamientos. «Será demoledor,porque lo lógico es que estos servicios sigan al cargo de los ayuntamientos,que son las administraciones más cercanas a las personas»,indicó.
Pero mientras la Fecam y la Federación Española de Municipios (Femp) estudian estos días cómo forzar al Gobierno de la nación para que modifique el anteproyecto de ley de tal forma que no castigue tanto a los ayuntamientos,éste queda de la siguiente manera,en líneas generales:
ECostes de servicios. Para determinar el coste que supone cada servicio municipal (y que los ayuntamientos deberán cumplir para evitar perder las competencias),el Ministerio de Hacienda primará la población,aunque también tendrá en cuenta la dispersión y el envejecimiento. Desde el Gobierno central aseguran que el coste de un determinado servicio en un municipio de menos de 5.000 habitantes cuesta 1.219,9 euros,frente a los 445,44 que supone en uno de más de 100.000 habitantes,según el Instituto de Estudios Fiscales.
EServicios propios. Hacienda establece 14 competencias propias de los ayuntamientos según su población. De carácter obligatorio para todos los municipios,será la gestión del alumbrado público,el cementerio municipal,la recogida de residuos,limpieza viaria,abastecimiento domiciliario de agua potable,alcantarillado,acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas. En los de más de 5.000 habitantes,asumirán además parques públicos,bibliotecas,mercado y tratamiento de residuos. Los que superen los 20.000 habitantes tendrán también las competencias de protección civil,evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social,prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público. Y los que superen los 50.000 vecinos,asumirán también transporte colectivo urbano de viajeros y medio ambiente urbano.
EServicios impropios. El Gobierno canario pasará a costear los gastos de sanidad y educación que hasta ahora asumían los ayuntamientos pese a tratarse de competencia autonómica y no municipal,así como los servicios sociales. En este último caso,Hacienda no detalla cuáles serán los afectados. Para el traspaso de los gastos de ambulatorios y colegios,las comunidades tendrán de un plazo de cinco años para su recuperación y en el caso de los servicios sociales,tal solo un año. Los servicios impropios podrán seguir prestándolos los ayuntamientos si así lo establecen ambas administraciones vía convenio,siempre que los ejecutivos autonómicos garanticen financiación. En el caso de que los ayuntamientos sigan prestando estos servicios impropios y el Gobierno no les transfiera fondos,Hacienda,según detalla el borrador,le retendrá esas partidas.
ECesión. Hacienda someterá a una auditoría a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. Los que no superen el examen deberán ceder la prestación de servicios propios por un periodo de cinco años a las diputaciones o cabildos. Transcurrido ese periodo,los consistorios volverán a ser examinados. Sólo aquellos que hayan saneado sus cuentas y demuestren que pueden prestar esos servicios a un coste razonable recuperarán sus competencias. En el caso de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes,el Ministerio de Hacienda les permitirá delegar servicios de manera voluntaria a las diputaciones.
EIntervención. Las diputaciones y cabildos,a los que Hacienda define como «centrales de compra»,podrán intervenir directamente a los ayuntamientos más pequeños (los de menos de 5.000 habitantes) si superan el nivel de deuda permitida o si su necesidad de financiación se dispara por encima de lo razonable. Entre los motivos de intervención,están el alto nivel de deuda e incumplir el plan económico financiero,que su necesidad de financiación supere el 5% de sus ingresos no financieros en dos ejercicios consecutivos o el incumplimiento reiterado de las obligaciones de remisión a Hacienda de toda la información relativa a la liquidación de los presupuestos de cada ejercicio.
EControl. Los secretarios e interventores encargados de vigilar y evaluar la gestión municipal vuelven a ser personal dependiente del Estado. El Gobierno será el que establezca las normas sobre los procedimientos de control,así como el método de aplicación y los criterios de actuación de ambos cuerpos. Los órganos interventores,según recoge el borrador aprobado por el Consejo de Ministros,deberán remitir con carácter anual a la Intervención General de la Administración del Estado un informe de los resultados de esa supervisión cada año.