El ministro de Educación y Cultura,con sonrisas esmoquinadas que bordeaban la carcajada,pareció estar a la altura en la tan criticada por el derechío mediático gala de los Goya. Seguro que hubiera preferido no estar pero,ya asistidos,era cuestión de aguantar el chaparrón -bueno,el aguacero- con la actitud más consonante posible. Que las encuestas -su fuerte,qué casualidad- no le dan bien y no era trance de empeorarlas con un rictus de seriedad o un gesto de contrariedad que,captado por alguna cámara,la realización no tuviera tiempo de desviarlos.
El caso es que José Ignacio Wert salió muy malparado de la última entrega demoscópica del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Apenas es conocido por el 11% de los encuestados. Y suspende en valoración: se queda en un significativo 1,95%,o sea,un suspenso sin contemplaciones. Entre las descargas en Internet y la tramitación de la nueva Ley de Educación,aquellas sonrisas del ministro deben trocarse en pensamientos de preocupación e incertidumbre: está claro que las comunidades de afectados rechazan,y de qué manera,su gestión.
Lo ocurrido con la propuesta de financiación de dicha Ley,presentada a las comunidades autónomas,es revelador: a la oposición más o menos rotunda de las no gobernadas por el Partido Popular,hay que unir las objeciones de aquellas que,bajo responsabilidad política conservadora,no han ocultado discrepancias con los criterios de distribución. El consejero de Castilla y León,por ejemplo,llegó a hablar de diferencias importantes. Parece que los cálculos no se sostienen.
Y es que el coste de la reforma educativa,según Wert,será de 408 millones de euros,cantidad que discuten algunas comunidades que la dejan en 257 millones si se tiene en cuenta la disminución operada con los profesores de bachillerato como consecuencia de la especialización curricular. Son cuatro mil ochocientos profesionales menos,luego estaríamos ante un recorte de 151 millones de euros que habría que restar al coste inicial de 408 millones.
Es decir,el problema va ser la propia Ley,o lo que es igual,el modelo educativo que se pretende imponer y con el que discrepan la comunidad educativa,los sindicatos de enseñanza y los partidos políticos en la oposición,cansados a estas alturas de la legislatura del uso absolutista de la mayoría parlamentaria del PP. El dato que los socialistas ponen sobre la mesa es que el Gobierno dedica a la educación 4.000 millones de euros menos que en la etapa anterior.
Este rechazo de oposición,autonomías del mismo color político (al menos parcialmente) y comunidad educativa -la marea verde de protestas en la calle tiene mucho que ver con lo que hablamos- debería hacer reflexionar al ministro Wert. Su modelo no convence. Y no solo porque reduce becas y eleva tasas universitarias,no. También porque elimina profesores,gasta en pruebas de acceso,suprime colegios rurales y demuestra tener ciertas preferencias por la enseñanza privada. Igualmente,la segregación por sexos en las aulas es causa de desacuerdo.
El suspenso tan irrebatible que el ministro cosecha en los exámenes demoscópicos debería frenar sus gestos y sonrisas para la ocasión de la cita cinematográfica.