El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dictado una providencia por la que da un plazo máximo de dos meses al Ayuntamiento de Valle Gran Rey (La Gomera) para que informe sobre la presentación del proyecto de demolición de la embotelladora de agua de Taguluche.
En caso contrario,la Consejería del Política Territorial del Gobierno de Canarias deberá proceder a ejecutar subsidiadamente el derribo de la infraestructura con coste a cargo de la corporación local,informó a Efe Eustaquio Villalba,miembro de la asociación ecologista ATAN.
Villalba recuerda que los vecinos demandantes habían pedido el cumplimiento de la sentencia del TSJC que ordenaba la paralización y posterior demolición de la embotelladora.
Destaca que desde el principio tanto los vecinos como Atan dijeron que la embotelladora era un «disparate» económico y ambiental,y no tenía ninguna posibilidad de futuro.
«Aportamos todas las razones,lo ganamos en los tribunales y,a pesar de la evidencia de que se afectaba a un paraje de interés comunitario como es el palmeral de Taguluche,se siguió adelante»,indica.
Critica que el Cabildo de La Gomera,Ayuntamiento de Valle Gran Rey y Gobierno de Canarias siguieran financiando una embotelladora que estaba destinada a ser explotada por una empresa privada.
«A pesar de las advertencias,siguieron adelante y ahora los ciudadanos nos tenemos que gastar un montón de dinero para derribar ese disparate»,señala Eustaquio Villalba.
El proyecto de la embotelladora de agua de Taguluche data de 1998,cuando el Gobierno canario,Cabildo de La Gomera y Ayuntamiento de Valle Gran Rey pretendían construir esta infraestructura en el caserío.
Los propietarios de los nacientes de agua afectados acudieron al TSJC,que ordenó en 2001 parar las obras,entre otras cuestiones,por el daño que causaban al espacio natural protegido Lomo del Carretón y al palmeral de Taguluche
En 2009,el Tribunal Supremo ratificó la decisión del TSJC,dio la razón a los vecinos y denegó la existencia de un interés social.