El Consejo de Estado ha emitido un informe sobre la reforma de la administración local que el Ejecutivo de Mariano Rajoy quiere llevar a cabo,en el que cuestiona la constitucionalidad de la misma ya que advierte de que puede reducir «en exceso» la autonomía municipal.
En este sentido,explica que el llamado «coste estándar» de los servicios que prestan los municipios,incluido en la nueva regulación,se convierte en un cheque «en blanco» que se da al Gobierno mediante el cual puede quitar competencias a los ayuntamientos.
El citado informe está firmado por el presidente del Consejo de Estado,José Manuel Romay Beccaría,Landelino Lavilla,Rodríguez-Piñero,Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón,Fernando Ledesma,Alberto Aza,Manzanares Samaniego,María Teresa Fernández de la Vega,Alonso García y Hernández Gil.
El texto es muy crítico con algunos de los aspectos que se han incluido en la reforma de la administración local,entre otros,con el llamado «coste estándar» que se pretende fijar para determinar si los ayuntamientos mantienen determinadas competencias o si estas pasan a las diputaciones provinciales y cabildos o consejos insulares.
En este sentido,advierte de que,a pesar de que la aplicación de este parámetro contiene una función «ablativa» de las competencias municipales,lo único que dice el anteproyecto de ley es que le corresponde al Gobierno fijarlo mediante real decreto. Una remisión ésta que el órgano consultivo del Estado considera «tan amplia y carente de parámetros legales» que «prácticamente puede considerarse como una habilitación en blanco al Gobierno».
Además,expone que la puesta en funcionamiento del llamado «coste estándar» de los servicios puede «incidir notoriamente en el desenvolvimiento efectivo de la autonomía municipal y,a la postre,reducir en exceso el ámbito competencial que integra el núcleo duro esencial de esa autonomía constitucionalmente garantizada».
Golpe a las diputaciones provinciales
El papel de las diputaciones provinciales es uno de los puntos más polémicos de la normativa y objeto de crítica de la oposición. Por ejemplo,el PSOE aboga por eliminarlas.
El Consejo de Estado advierte de que las «Diputaciones Provinciales son entidades locales de representación indirecta»,es decir,que sus representantes no han sido elegidos directamente por los ciudadanos. Por tanto,cuestiona abiertamente el traspaso de competencias locales de las que podría nutrirse a costa de los ayuntamientos.
El informe recuerda que el papel de las Diputaciones es más bien «funcional»,encaminado a «asistir» a los municipios y a coordinar su actuación. Y sin embargo,el anteproyecto «opta» por encomendarles la prestación de los servicios municipales que el ayuntamiento no haya podido realizar al «coste estándar» establecido,sin tener en cuenta otros aspectos relevantes para la adecuada prestación del servicio y sin establecer distinciones,excepciones o modulaciones,ni tener en cuenta otros problemas como puede suponer en la práctica el «ejercicio de autoridad».
Así pone como ejemplo que no parece que deba aplicarse el mismo régimen de intervención al servicio de transporte urbano que al de la policía local,»exponente típico del ejercicio de funciones de autoridad».
Otro de los aspectos que critica es que en el anteproyecto «no se toma en consideración» si la diputación a la que haya de encomendarse dicha prestación se encuentra «en situación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera» o si ésta presenta una situación de déficit que pueda dificultar o impedir la asunción de la gestión de ciertos servicios.