La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife solicita una pena de tres años de prisión y 35 de inhabilitación especial para el anterior alcalde de Arona,el nacionalista José Alberto González Reverón,por presuntos delitos continuados de prevaricación urbanística –conceder licencias contrarias a las normativas urbanísticas–,prevaricación –dar una solución a sabiendas de que es injusta– y tráfico de influencias –utilizar su imagen para obtener favores o tratamiento preferencial–.
Según fuentes de la Fiscalía,además la acusación pública pide pena de prisión de entre dos y ocho años para 15 de los otros 16 imputados que figuran en la causa conocida como caso Arona 1 e inhabilitación especial para empleo o cargo público para todos ellos.
La acusación obedece a su presunta implicación en una trama de corrupción que tuvo lugar entre 2003 y 2007,según adelantó ayer la opinión de tenerife,que también informó de que el Juzgado de Instrucción Número 2 de Arona ya declaró abierto el juicio oral el pasado martes. La adjudicación de unos 80 contratos a dedo y la concesión de 200 licencias ilegales centran esta causa ocurrida durante el mandado de González Reverón.
El exalcalde de Arona ya está condenado a cuatro años y medio de inhabilitación para cargo público en el Ayuntamiento por un delito de prevaricación por la contratación irregular de dos trabajadoras municipales. Esta decisión judicial hizo que el regidor local durante nueve años y medio tuviera que abandonar el Consistorio a finales del año pasado.
Según las fuentes de la Fiscalía,al nacionalista se le imputa un delito continuado de prevaricación urbanística,al igual que a siete concejales que formaban parte del antiguo Gobierno: Manuel Barrios Rodríguez,Sebastián Martín Martín,Daniel Martín Navarro,Alfonso Barroso Armas,José Luis González Rodríguez,Juan José Alayón Beltrán y Félix Sierra Melo. La acusación popular pide para todos ellos dos años de prisión. Asimismo,solicita por este delito para todos la inhabilitación especial para empleo o cargo público por un periodo de 10 años.
A estos ocho imputados les atribuye también un delito continuado de prevaricación general,por lo que exige una pena de 10 años de inhabilitación especial.
El actual primer teniente de alcalde,Antonio Luis Sosa Carballo,está imputado por un delito continuado de prevaricación por el que se piden 10 años de inhabilitación especial,y por un delito de malversación de caudales público,por el que se reclama un año de prisión y cuatro meses de multa con una cuota de 50 euros.
La Fiscalía además imputa a Alberto González Reverón otro delito continuado de prevaricación,por el que pide nueve años de inhabilitación especial,y un delito de tráfico de influencias continuado por el que reclama un año de prisión,una multa de 20.000 euros y la inhabilitación especial por un periodo de seis años.
A Félix Sierra Melo (PP) también lo acusa de un delito de cohecho –realizar un soborno o que un cargo público lo acepte–,por el que pide cuatro años de prisión e inhabilitación por ocho años,así como una multa de 500.000 euros; y de un caso de negociaciones prohibidas a funcionario público,por el que pide 15 meses de multa con una cuota diaria de 50 euros,e inhabilitación por tres años.
Al técnico municipal Roberto de Luis Jiménez,la fiscal le imputa un delito de prevaricación urbanística por el que pide dos años de prisión e inhabilitación especial por 10 años,y un delito de cohecho por el que solicita seis años de prisión e inhabilitación especial para cargo o empleo público durante 10 años.
El también técnico municipal Eliseo de la Rosa Rodríguez se enfrenta a un delito de cohecho por el que la Fiscalía pide cuatro años de prisión e inhabilitación por 10 años,y a un delito continuado de prevaricación urbanística,por el que reclama dos años de prisión e inhabilitación especial por 10 años.
Los imputados Arsenio Zamora Toledo,Zenón Rodríguez Neris,Jorge Menéndez Díaz,Antonio Luis González Tolosa (técnicos externos del Ayuntamiento) figuran como presuntos autores de un delito de cohecho,por el que se enfrentan a penas de entre tres y cuatro años de prisión e inhabilitación especial por 10 años.
Hortensia María García y José Manuel Rodríguez,mandos de Policía Local y Guardia Civil,están imputados por sendos delitos de prevaricación.
La Fiscalía pide para García inhabilitación especial para cargo público por un periodo de ocho años,y para Rodríguez una pena de seis meses de prisión y una multa de 30.000 euros.