Luz Reverón,directora insular del Gobierno en La Gomera declara este lunes por el caso ‘mamotreto’ en el Juzgado de Santa Cruz

La vista oral del caso mamotreto comenzará el este lunes,18 de noviembre en el edificio de los juzgados de la avenida Tres de Mayo de Santa Cruz y se extenderá hasta el día 22. En el banquillo se sentarán bajo la acusación de haber presuntamente cometido un delito contra la ordenación del territorio y prevaricación los ex concejales de Coalición Canaria (CC) en Santa Cruz,Manuel Parejo,Norberto Plasencia,José Domínguez Pastor y Luz Reverón,actualmente directora insular de la Administración del Estado en La Gomera por el Partido Popular (PP) y según informa el periódico Canarias Ahora,» permanecen como acusados con los mismos cargos los técnicos de la Gerencia de Urbanismo,Loreto Ariz,Epifanio Gómez y Candelaria Benítez.
Reverón inició su andadura política en el comité local de CC de la mano del actual alcalde de Santa Cruz de Tenerife,José Manuel Bermúdez,ocupando la Secretaría de Comunicación del partido. Fue además número dos de las listas de Miguel Zerolo en la legislatura 2007-2011,etapa en la que ostentó la concejalía de Urbanismo. Fue la impulsora del Plan General de Ordenación de la capital tinerfeña.
El mismo periódico añade que «tendrá que afrontar en el banquillo las acusaciones de prevaricación urbanística y un delito contra la ordenación del territorio,que podrían conllevar penas de cárcel e inhabilitación para ocupar cargos públicos».
Las penas suman 18 años de prisión,la asunción de la responsabilidad civil por las consecuencias económicas derivadas de la construcción y posible derribo de este edificio de aparcamientos y centro comercial situado al inicio de la playa de Las Teresitas y la inhabilitación para ejercer cargo público.
Este juicio supone uno de los encontronazos con la Justicia más importantes al que se tendrá que enfrentar la anterior Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI) y la antesala del caso de Las Teresitas que cada día en vez de solucionarse se va complicando más. Durante estos cinco días comparecerán como testigos técnicos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN) de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno canario y de la Dirección General de Costas,que elaboraron contundentes informes que ratificaban la ilegalidad del edificio.
Igualmente han sido citados funcionarios del Ayuntamiento y de la Gerencia de Urbanismo y el propio concejal de este organismo autónomo,José Ángel Martín Bethencourt,al ser uno de los denunciantes cuando ocupaba el cargo de portavoz del grupo municipal socialista en el anterior mandato. Otro tanto ocurrirá con Dolores Jutta Redbrow,presidenta de la Asociación de Amigos de Las Teresitas y del Litoral de Anaga,que fue la que primero denunció las obras.
Ha sido llamado a comparecer como testigo Jesús Romero,actual director general de Ordenación del Territorio,y Sebastián Ledesma del PP,exdirector general de Turismo. A los acusados el Ministerio Público los considera responsables de la construcción del edificio sin contar con ningún tipo de autorización y de haber invadido terrenos de dominio público. La fiscal para los delitos Medioambientales,Inmaculada Violán,hizo suya la denuncia presentada a principios del año 2008 por la Asociación de Amigos de Las Teresitas,la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) y el Partido Socialista Canario-PSOE.
Pese a que se conoce como caso mamotreto en realidad los hechos que son objeto de este contencioso judicial se remontan a finales del año 2001,momento en el que la Gerencia de Urbanismo aprobó la redacción de la totalidad del proyecto para ordenar el frente de Las Teresitas,una obra adjudicada al arquitecto francés,Dominique Perrault. Dentro de esta actuación se situaba la construcción de un gran aparcamiento y centro comercial que venía a sustituir al parking gratuito ubicado al lado de la playa.
El proyecto estaba dividido en dos fases diferenciadas de las cuales una iba a ser financiada por las instituciones canarias y la otra por la Dirección General de Costas. Fue el Gobierno de Canarias,Cabildo y Ayuntamiento los que a finales de 2006 iniciaron las obras que se correspondían con la desaparición del antiguo campo de fútbol sobre el que se levantó esta edificación con capacidad,en principio,para 272 plazas de aparcamientos.
El inmueble iba a ocupar en su cara frente a la playa tanto la servidumbre de protección propiedad del Gobierno canario como 1.223 metros cuadrados de dominio público de Costas. Nunca se contó con la preceptiva licencia para desarrollar los trabajos sobre ninguno de los dos ámbitos. El organismo estatal al final decidió no iniciar los trabajos después de que a mitad de 2007 el Tribunal Supremo (TS) anulara la operación de compraventa del los terrenos.
En cuanto al ejecutivo canario nunca se llegó ni siquiera a solicitar autorización y resultó imposible otorgarla luego. Tras la denuncia interpuesta en 2007,la Fiscalía inició unas investigaciones que años después concluyeron con que el edificio «incumplía la normativa urbanística de aplicación y la que de manera inminente entraría en vigor». Todo ello en cuanto a usos y aprovechamientos de suelo,por contemplar la ocupación de un espacio destinado a vía o espacio público y quedar fuera de la línea respecto de la alineación exterior.
También se infringieron los parámetros relativos a volumen ocupación máxima permitida y de la superficie,que tampoco estaba justificada en el proyecto,“siempre en relación a las condiciones particulares que la normativa establecía para esta zona». Pese a que Costas no acababa de dar el visto bueno al inicio de las obras,el Ayuntamiento decidió seguir adelante con su parte de los trabajos. No fue hasta 2008 cuando se decidió parar la actuación ante la «imposibilidad» de lograr los permisos para ocupar el dominio público.
En la primera fase de instrucción que abarcó hasta finales de 2010 fue larga la lista de testigos e imputados que pasaron por el Juzgado de Instrucción. Un proceso que acabará ahora con la celebración del juicio oral. Desde 2008 el mantenimiento y la vigilancia del edificio le ha costado al Ayuntamiento 30.000 euros mensuales. El problema real al que se enfrentan los acusados Parejo y Plasencia es que están encausados en otros procedimientos judiciales más con lo cual la suma de posibles penas podría traer como consecuencia condenas firmes de prisión.