Este bienio de contrarreforma ultraconservadora ha abarcado numerosos ámbitos,desde los derechos laborales –con la desequilibrada y agresiva reforma laboral- a los servicios públicos –con leyes educativas que atentan contra la equidad,la significativa reducción de becas y ayudas al estudio o los repagos farmacéuticos y el impedimento de que puedan acceder a la sanidad determinados colectivos-,pasando por la impresentable restricción de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres,mediante la reforma de la ley del aborto,alejada del sentir de la mayoría de la sociedad y realizada para satisfacer a los sectores más reaccionarios.
Ahora le toca el turno al espacio de las libertades públicas y el derecho de manifestación,con la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana,que ha encontrado una importante contestación social.
El endurecimiento del Código Penal,la Ley de Seguridad Privada o los cambios en la Ley de Seguridad Ciudadana obedecen,fundamentalmente,a un entramado ideológico de incremento del autoritarismo,no a una respuesta a una situación de aumento de la inseguridad,que no se ha producido,como muestran los datos oficiales; ni a unas circunstancias de explosión en las calles: los propios policías reconocen que son completamente minoritarios los casos de manifestaciones violentas y los actos vandálicos.
En el caso de la que empieza a ser conocida como ley mordaza,se trata de aplicar toda una amplia gama de sanciones administrativas,que,por lo tanto,no se deciden en el ámbito de la Justicia,y clasificadas en infracciones leves (que oscilan entre los 100 y los 1.000 euros de sanción),graves (de 1.001 a 30.000 euros) y muy graves (entre 30.001 y 600.000).
Aunque introduce algunos elementos que pueden considerarse positivos,como considerar grave la incitación a la xenofobia,el racismo o la violencia contra las mujeres,así como la realización o incitación a la realización de actos “que atenten contra la indemnidad sexual de los menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección”,en ambos casos cuando esas conductas no constituyan delito,considero que el conjunto del articulado y,especialmente,el espíritu que lo anima,es profundamente negativo.
Lo es desde un principio,cuando tras señalar que,en los dos años de la actual legislatura,“el derecho de manifestación se ha ejercido ampliamente” -lo que no queda claro si es una constatación del elevado número de protestas ante sus políticas o un amargado reproche hacia la posibilidad de movilización y de protesta ciudadana-,se pasa inmediatamente a justificar esta ley. Con el peregrino y poco sustentado argumento de garantizar los derechos y las libertades públicas e imposibilitar “la aparición de conductas ilegales,violentas y vandálicas”.
Autoritaria
Lo expresó de manera muy diáfana Joaquín Bosch,portavoz de Jueces para la Democracia,al señalar que «con el pretexto de la seguridad,y según una perspectiva autoritaria,el Gobierno criminaliza determinadas formas de protesta social que los ciudadanos usan para expresar su malestar con los recortes sociales”.
Da la impresión de que el Gobierno,insatisfecho con las resoluciones judiciales que no han castigado suficientemente para su gusto y conveniencia distintos escraches o determinadas movilizaciones ante instituciones del Estado,opta por imponer su mano dura ante esos actos.
La gama de actuaciones sujeta a dura penalización económica también incluye a la grabación y difusión de intervenciones policiales,penalizada hasta con 1.000 euros de sanción. O la celebración “de reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en lugares que tengan la consideración de Infraestructuras críticas”,en este último caso con sanciones que pueden alcanzar los 600.000 euros.
La filosofía de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana encaja perfectamente con el ADN de la derecha española. Frente a la realidad de la justificada movilización,escasa para la gravedad del retroceso económico y social experimentado; frente a la respuesta ciudadana al elevado desempleo,la creciente pobreza,la eliminación de derechos o el grave deterioro de los servicios públicos,no se plantean en ningún momento la corrección de las injustas políticas que tanto sufrimiento están causando a tanta gente,sino la represión de la protesta y su silenciamiento. Entre la justicia y el orden el PP tiene clara,muy clara,su elección.
Román Rodríguez es diputado en el Parlamento canario y presidente de Nueva Canarias.