La Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa) ha arremetido contra el ministro de Industria,José Manuel Soria,al que ha acusado de lanzar contra las empresas eléctricas acusaciones «muy graves» de manipulación de los precios,de fracasar con su reforma energética y de «cargar sus errores» sobre empresas y consumidores.
La patronal de las eléctricas ha hecho público un comunicado en el que afirma que las compañías manifiestan «su absoluto rechazo a las graves alusiones» lanzadas por Soria,en el diario ABC,en las que sugiere que ha habido un comportamiento irregular de dichas compañías en la reciente subasta de la CESUR.
Poco después,el presidente de la asociación,Eduardo Montes,ha dicho que «no es admisible» la acusación de Soria contra las empresas. Montes ha señalado que no puede jurar «sobre la Biblia» lo que ha pasado en la última subasta,si bien ha incidido en que el procedimiento ha sido «idéntico» al de otras ocasiones,en las que también ha habido bajadas muy altas.
Montes ha incidido en que las eléctricas solo suponen el 10 % de la oferta total y ha recalcado que casi el 50 % de la tarifa viene fijada por la participación «tan alta» de organismos financieros,»que a lo mejor podrían generar alguna distorsión». También ha asegurado que la reforma energética debería contemplar la liberalización del mercado,»porque a medio plazo es más eficiente»,y que el recibo de la luz recoja «exclusivamente» la generación,el transporte,la distribución y los impuestos asociados.
En dicha entrevista,el ministro afirma que «ha habido una clara manipulación o actuaciones para modificar los precios» y añade que «existe mucha preocupación en los cuarteles generales de las eléctricas». Para Unesa,esta declaración «parece querer sugerir que las empresas eléctricas han perturbado el normal funcionamiento de una subasta en la que ellas no suponen más allá del 10% de la oferta total,pues el grueso de las operaciones las realizan entidades financieras y 'traders' extranjeros de energía»,explica Unesa.
En opinión de la patronal eléctrica,se trata de «una acusación muy grave» por parte de un administrador público y recuerda que los supervisores de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) no detectaron 'in situ' ninguna irregularidad en el desarrollo de la subasta y el informe en las primeras conclusiones publicadas en el BOE no alude,en absoluto,a una «manipulación burda de los precios» y sí,en cambio,a errores técnicos.
Además,Unesa subraya que estas declaraciones suponen «un claro menosprecio a la honorabilidad de los gestores y miles de empleados de las compañías eléctricas,al haberse realizado en un tono y con unos términos que sugieren que se podría haber incurrido en algún género de responsabilidad».
La asociación recuerda que las condiciones de la subasta las fija el regulador y las empresas eléctricas «tienen un papel absolutamente marginal en el precio resultante» de esa subasta. Además señala que han declarado muchas veces que no son favorables a que un mecanismo financiero determine casi la mitad de la tarifa eléctrica.
«Lo que realmente ha puesto de manifiesto esta subasta es el fracaso de la reforma emprendida por el ministro; una reforma que,por no afrontar los auténticos problemas que generan el déficit tarifario y la evolución de los precios,está conduciendo al sistema eléctrico español a una situación insostenible,en la que casi la mitad de lo que pagan los consumidores a través de su tarifa sirve para costear los errores políticos de los Gobiernos y no para cubrir los costes del suministro eléctrico»,afirma Unesa.
La patronal considera que «la reforma carga los errores del Gobierno sobre empresas eléctricas y consumidores que han hecho un esfuerzo multimillonario para financiar una reforma que ha fracasado el mismo día en el que fue aprobada. Esto sí que es motivo de preocupación en las sedes de las empresas eléctricas»,subraya.
Por todo ello,ha exigido que se clarifique «urgentemente y con la mayor transparencia y rapidez» el resultado del informe sobre el análisis de la subasta celebrada el pasado jueves y que ha sido anulada por el Gobierno.
Además,ha pedido que se publiquen los nombres de los participantes en la misma y las condiciones en que se llevó a cabo,ya que,según ha indicado,»se están creando graves perjuicios de reputación y económicos a unas empresas que realizan una actividad vital para el país y que emplean alrededor de 180.000 personas».
En opinión de Unesa,los problemas de la factura eléctrica se han producido hasta el día de hoy en la parte regulada del recibo y no en el precio de la energía fijado en la subasta.
Según su análisis,»dichos precios,incluso hoy en día y a pesar de las recientes subidas,están perfectamente en línea con los de otros países de nuestro entorno europeos,como por ejemplo Gran Bretaña,Francia o Italia. No estando aquí la explicación del alto coste de la factura que se produce en la parte regulada por el Gobierno que si está muy por encima de los países europeos».