La Consejería de Educación,Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias se ve impedida a cobrar las sanciones impuestas en los parques nacionales ante el vacío legal que existe. Desde que las competencias se transfirieron al Ejecutivo autónomo en 2009 se han impuesto dos multas en Garajonay,14 en la Caldera de Taburiente,86 en el Teide y 3 en Timanfaya,lo que suma 105 expedientes,según informa el periódico digital www.canariasahora.com.
En teoría,a la vez que se asumió la gestión de estos espacios se otorgó también la capacidad de incoar,instruir y resolver las denuncias interpuestas por la guardería en el ámbito de los parques. Sin embargo,desde un principio el Gobierno remitía las sanciones a la Agencia para la Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN),pero éstas eran devueltas al poco tiempo al considerar este organismo que no entraban dentro de sus competencias.
Finalmente,la Viceconsejería de Medio Ambiente al principio de la actual legislatura ha redactado una propuesta de modificación del reglamento en el que se recoja la potestad sancionadora en los parques nacionales y se atribuye a los distintos órganos del departamento su instrucción y resolución. Desde la Consejería se asegura que se está trabajando desde hace meses para establecer los procedimientos para incoar,instruir y resolver los expedientes sancionadores en distintas áreas medioambientales: «De momento se han definido los procedimientos relativos a infracciones en materia de contaminación atmosférica y se continúa con las correspondiente a Red Natura y parques nacionales».
El Ejecutivo asegura estar trabajando en la adecuación de los sistemas informáticos en coordinación con la Consejería de Economía y Hacienda para poder recaudar las sanciones que se imponga.
Catálogo de infracciones
Recientemente,también se ha presentado una propuesta ante el organismo autónomo de parques nacionales para tipificar un catálogo de infracciones que recoja las actuaciones prohibidas en los planes rectores de uso y gestión y que actualmente no son sancionables. Todo ello en aplicación de la normativa con el fin de que se incluyan en la modificación de la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad que se va a tramitar en el Parlamento.
«Con la culminación de estas actuaciones se contará con el marco y los instrumentos necesarios para desarrollar la función de inspección y sanción de las infracciones que se lleven a cabo en los parques nacionales con eficacia y de acuerdo a la legalidad vigente. Todo ello aportará seguridad jurídica tanto al personal de la guardería que presenta las correspondientes denuncias como para los presuntos infractores,lo que repercutirá favorablemente en la conservación de los parques nacionales,que es el objetivo de este Gobierno»,se indica desde la Consejería.