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Ruymán García deberá ingresar en prisión antes de diez días

La Audiencia de Santa Cruz de Tenerife ha dado un plazo de diez días al exalcalde del municipio de Valle Gran Rey (La Gomera),Ruymán García,para ingresar en prisión de forma voluntaria y empezar así a cumplir su condena de cuatro años y medio por un delito de malversación.
En un auto al que ha tenido acceso Efe,la sección quinta de la Audiencia Provincial advierte a García de que,si transcurrido ese plazo no ha comenzado a cumplir su condena,que es firme desde enero,será detenido y conducido prisión por la Guardia Civil.
El tribunal reconoce que el Ministerio de Justicia le ha comunicado que el exalcalde ha solicitado el indulto,pero también precisa que no se ha pedido la suspensión de la condena mientras el Gobierno decide si le concede o no esa medida de gracia.
«En tanto que la propuesta o solicitud de indulto,y su consiguiente tramitación,no suspende la ejecución de la pena,procede la inmediata ejecución de todos y cada uno de los pronunciamientos condenatorios,requiriendo de inmediato al penado para su ingreso en prisión,habida cuenta de la gravedad de los hechos y de las penas impuestas»,añade la Audiencia.
El Tribunal Supremo rechazó hace dos meses el recurso interpuesto por Ruymán García contra la sentencia de la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife de 2012 por la cual fue condenado a cuatro años y medio de cárcel y ocho años de inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos por un delito continuado de malversación.
La condena lo declaraba además culpable de un delito de prevaricación y le imponía otros siete años de inhabilitación.
En concreto,la Audiencia consideró probado que el exalcalde había contratado en el Ayuntamiento a una empleada a dedo y contraviniendo los procedimientos legales.
Ruymán García tendrá además que indemnizar al Ayuntamiento de Valle Gran Rey en concepto de responsabilidad civil en la cantidad que se determine en ejecución de sentencia por los costes laborales que supusieron los salarios a Yaiza Mesa,la monitora a la que contrató a sabiendas de que cometía una ilegalidad. EFE

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