Los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura han denunciado hoy,tras tener acceso al expediente administrativo de las prospecciones petrolíferas que pretende hacer Repsol cerca de ambas islas,que este es una «chapuza» con tales irregularidades,que reclamarán su nulidad.
Las dos instituciones insulares,gobernadas ambas por CC y PSOE,aseguran que,después de 15 años de tramitación (los primeros permisos se concedieron con los gobiernos de Aznar,aunque luego fueron revocados por el Tribunal Supremo),el expediente de las prospecciones petrolíferas ni siquiera está foliado,es decir,ordenado y con sus páginas numeradas para garantizar su integridad.
«La tramitación de un expediente sin foliar es cuanto menos irregular,por cuando existe la posibilidad de incorporar o extraer documentos a voluntad»,dice el Cabildo de Lanzarote,en un comunicado en el que tilda la tramitación de «chapuza documental».
En similares términos se expresa en otra nota de prensa el Cabildo de Fuerteventura,que califica este expediente de «batiburrillo de documentos sin foliar ni encuadernar» y subraya cómo,a partir del pasado 21 de febrero,casi siete meses después de cerrarse su período de exposición pública,el Ministerio de Medio Ambiente comienza a exigir a Repsol nuevos datos y aclaraciones.
El Cabildo majorero opina que Medio Ambiente no pide aclaraciones menores,sino una serie de información complementaria que,a su juicio,equivale «a plantear casi una reelaboración del estudio de evaluación de impacto ambiental».
Por su parte,el magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín,que asesora jurídicamente al Cabildo de Lanzarote,sostiene que el expediente que hoy han podido consultar sus clientes en el Ministerio de Industria «está incompleto,falta información y justifica la invalidación de todo el proceso».
Las prospecciones petrolíferas autorizadas a Repsol por el Consejo de Ministros en 2012 están pendientes de que el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente complete la tramitación de su declaración de impacto ambiental,determine si esa actividad es compatible con la preservación de los recursos naturales existentes en esa zona del Atlántico y,si es así,bajo qué cautelas.
No obstante,las autorizaciones han sido impugnadas ante el Tribunal Supremo por el Gobierno de Canarias,los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura y varias organizaciones ecologistas.
El Supremo tenía previsto fallar esos recursos el 1 de abril,pero pospuso sin fecha su decisión para requerir al Ministerio de Medio Ambiente información adicional sobre el estado de los trámites para proteger la zona marítima situada al este de Lanzarote y Fuerteventura con la condición de Lugar de Interés Comunitario. EFE