CARMEN TORRES.-
EFE
Después de más de 12 horas de reunón,el PSOE-A e IU,socios del Gobierno andaluz de coalición,no han llegado a un acuerdo para cerrar las diferencias que ha creado una crisis en el Ejecutivo andaluz provocada por el realojo en viviendas públicas y privadas a varias familias desalojadas de la corrala sevillana La Utopía.
Tras salir de la reunión el coordinador andaluz de IU,Antonio Maillo,se ha limitado a comentar a los medios que «no hay acuerdo y se mantienen las discrepancias» por lo que la reunión continuará mañana,aunque no ha concretado a qué hora se reanudarán las negociaciones de la primera gran discrepancia del Gobierno andaluz de coalición (PSOE-IU) en lo que va de legislatura.
El consejero de Presidencia de la Junta,Manuel Jiménez Barrios,ha señalado también que el acuerdo no ha sido posible porque la situación es «compleja»,pero se ha mostrado optimista al aseverar que «intentaremos llegar a la solución que se merece el asunto».
El comité de enlace entre ambos no ha conseguido recomponer la situación después de la escalada de desafíos que se produjo este miércoles a raíz del realojo de los ocupas de la Corrala Utopía,que fueron desalojados el domingo por la Policía. Los representantes de ambos partidos han estado encerrados en una sala del Parlamento andaluz durante más de 12 horas intentando acercar posturas,pero sin que nadie quede desautorizado,algo complicado dada la contundencia de las medidas adoptadas por ambos.
IU defiende que su medida es legal
A las 9 de la mañana de este jueves,el comité de enlace iniciaba su reunión en el Parlamento andaluz con el objetivo,según explicaron miembros de ambos,era «no romper» el pacto de gobierno y reconducir la situación. Pero apenas se mueven de sus posturas. Los representantes de IU están intentando convencer a los del PSOE de que la medida es perfectamente legal,ya que no se trata de la adjudicación de una vivienda pública,sino de un realojo de emergencia,transitorio y provisional,de unas familias que se habían quedado en la calle. Además,aseguran que todos los realojados cuentan con un informe de los servicios sociales comunitarios que atestiguan su situación de riesgo de exclusión social. Si se constata la legalidad de esta medida,el PSOE no tendría inconveniente en retirar el decreto de retirada de competencias,que no está en vigor porque no se ha publicado en el BOJA,y volver a la normalidad.
Por su parte,en el PSOE no están seguros de que la medida sea legal. A pesar de los informes sociales que esgrime IU,consideran que sólo dos de las familias ocupas tienen una situación real de emergencia social y que aparecen en el listado de demandantes de vivienda del Ayuntamiento de Sevilla. Del resto,varios tienen trabajo y nómina,según aseguran,y alguno está vinculado políticamente al grupo municipal de IU.
El hecho de que la presidenta alegara al cumplimiento de la legalidad para frenar los realojos la pone ahora en una situación delicada. Si los servicios jurídicos de la Junta concluyen que el realojo no cumple la ley,Susana Díaz se vería en la obligación de denunciar a parte de su propio Gobierno. Según la presidenta,sólo retiraría el decreto contra Fomento «si se restituye la legalidad». Es decir,está dando por hecho que la actuación de su Gobierno es ilegal.
La Consejería de Fomento,dirigida por Elena Cortés,que está de viaje en Panamá,realojó a 18 familias a pesar de la negativa de la presidenta de la Junta,Susana Díaz,que rechazó esta medida al considerar que podría producir un «efecto llamada» y que supondría una ilegalidad por «saltarse» la lista de espera de 10.000 demandantes de vivienda pública en Sevilla,mil de ellos en riesgo de exclusión social.
Como respuesta a este desafío,Díaz elaboró un decreto que retiraba las competencias en materia de adjudicación de viviendas a la Consejería de Fomento y Vivienda. El ataque iba directo contra una de las banderas de la política social de IU,la vivienda y la lucha contra los desahucios.
