Román Rodríguez
Las leyes deben siempre tratar de responder a las necesidades del conjunto de la ciudadanía o,en su caso,de colectivos específicos. Sus contenidos y su aplicación han de suponer la resolución de problemas y no quedarse en un brindis al sol,en un ejercicio de voluntarismo político o en una confrontación entre gobiernos,como pasa con la nueva Ley de Vivienda de Canarias y para garantizar el derecho a la vivienda. Una ley que nace con un enorme lastre y que,lamentablemente,ni facilitará el acceso a la vivienda ni contribuirá a frenar el drama de los desahucios.
En primer lugar,la legislación canaria llega tarde. Cuando miles de personas ya han sido desahuciadas en el Archipiélago tras perder sus empleos o ver gravemente mermados sus ingresos aun teniendo trabajo. Siete años después del comienzo de la crisis,cuando la comunidad canaria cuenta con competencias exclusivas en este ámbito. Nuestro grupo parlamentario desde el inicio de la legislatura ha insistido en la necesidad de abordar el tema de los desahucios de forma consecuente.
PAH
Lo hemos hecho escuchando los análisis y las propuestas del movimiento social generado,la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Un movimiento que ha jugado un papel esencial en el apoyo a las personas víctimas de los lanzamientos hipotecarios,en la sensibilización de la sociedad y en colocar este problema en un lugar destacado de la agenda política.
No dudamos de la buena voluntad que ha animado a los grupos que apoyan al Gobierno de Canarias tratando de movilizar el parque de viviendas privadas vacías y de afrontar los desahucios. Mediante una norma que,en buena medida,se basa en la legislación andaluza y en la navarra. Y que al igual que estas tiene todas las cartas para ser recurrida por el Ejecutivo estatal ante el Tribunal Constitucional y,por tanto,paralizada.
Esto sucede por la inclusión de la expropiación temporal (por un período máximo de tres años) de viviendas en procedimiento de ejecución hipotecaria de bancos,una medida aplicable en situaciones de emergencia social; estableciéndose un justiprecio que se abonaría por parte de la Administración,en su mayor parte,y al que contribuirían los afectados por debajo del 25% de sus ingresos.
Una medida que apoyamos desde Nueva Canarias y que consideramos plenamente constitucional,pero que el Gobierno central del PP ya ha recurrido en los casos de las leyes de Andalucía y de Navarra,paralizando su aplicación. Pero que deja fuera a la mitad de la casuística (desahucios por alquileres) y que es,además,de muy difícil gestión para un departamento,la Consejería del área social del Ejecutivo canario,que tarda 200 días de media en gestionar la PCI (Prestación Canaria de Inserción) o 300 en el caso de la dependencia.
Para evitar el bloqueo y buscar soluciones prácticas y eficaces,solicitamos al Gobierno canario que incluyera en el articulado un auténtico Plan B. Es decir,alternativas ante esta eventualidad y que permitieran,de verdad,intervenir en los desahucios,evitando además procesos dilatorios que no casan con la gravedad de las situaciones que afrontan las personas obligadas a abandonar sus viviendas.
Mediación
Proponiendo,en primer lugar,el establecimiento de un programa de mediación entre las partes afectadas. Banqueros e hipotecados,en el caso de las ejecuciones hipotecarias. Y dueños de pisos e inquilinos en el de los alquileres,que suponen la mitad de los casos de familias que se ven expulsadas de sus hogares y que,lamentablemente,no son atendidos por la nueva ley canaria.
Y,en segundo lugar,planteando la creación de un fondo de ayudas económicas de emergencia (no incluidas en la ley) para que los implicados en situación de emergencia social puedan permanecer en sus viviendas,como mínimo,por un período de doce meses prorrogables.
Los grupos que apoyan al Gobierno aceptaron algunas de nuestras propuestas,como incluir en las expropiaciones forzosas a los avalistas (habitualmente los padres que,en ocasiones,terminan perdiendo su propia vivienda) y a los trabajadores autónomos que pusieron su casa como aval para afrontar impagos de sus negocios.
Rechazaron,sin embargo,la que planteaba ampliar el colectivo de beneficiarios de las expropiaciones temporales forzosas a aquellas familias cuyos ingresos no superen 4,5 veces el IPREM,dejándolo como estaba el proyecto de ley,es decir tres veces el IPREM. Esta decisión deja fuera a buena parte de los afectados.
Nos abstuvimos en la votación de la ley al entender que la no inclusión de esas propuestas -especialmente el programa de mediación y el fondo de ayudas económicas de emergencia- la hacen completamente inviable,impidiendo que sirva realmente para evitar que miles de familias pierdan sus casas por no poder hacer frente a los alquileres o a las cuotas de sus hipotecas.
Se trata de una oportunidad perdida para intervenir de una manera valiente y decidida,con verdaderos efectos prácticos,en uno de los aspectos más dolorosos de la crisis económica. Cuando,además,los elevados porcentajes de desempleo de larga duración,la progresiva pérdida de prestaciones y la pobreza,asociada también a los bajos salarios,hacen que la imposibilidad de afrontar los pagos de la vivienda siga siendo en el próximo período una dura realidad para mucha gente de esta tierra.
En Canarias hay más de 35.000 familias solicitantes de una vivienda social. Asimismo,según señala el Consejo General del Poder Judicial,los desahucios se han incrementado en las Islas un 15,8% en el primer trimestre del presente año,el peor dato de todas las comunidades autónomas. Y esta ley,aprobada en el Parlamento canario,ni va a facilitar el acceso a la vivienda ni va a evitar que la pierdan quienes no puedan pagar su hipoteca o su alquiler.
Román Rodríguez es diputado en el Parlamento canario y presidente de Nueva Canarias.
