El Tribunal Supremo considera que los permisos para buscar petróleo en aguas cercanas a Canarias respetan la legislación y que su análisis debe quedar ahí,porque no le compete valorar la opción del Consejo de Ministros de aceptar los riesgos que se asumen,»por muy controvertida que sea».
El Supremo ha hecho pública hoy la primera de las siete sentencias -una por recurso- por las que ha convalidado la decisión de 2012 del Consejo de Ministros de retomar los permisos concedidos a Repsol hace una década,para reactivar la búsqueda de petróleo en la zona del Atlántico situada al este de Lanzarote y Fuerteventura.
La sentencia la firman tres de los cinco magistrados que componen la sala que ha juzgado el caso -los otros dos eran partidarios de anular los permisos- y sostiene que el Gobierno ha hecho uso de su «libertad de decisión» al aceptar «los riesgos que pudiera tener esa actividad en otros órdenes de la vida social y económica,como son los relativos al desarrollo turístico de las Islas Canarias».
Con ello,»el Consejo de Ministros hace uso de propia capacidad de decisión que los tribunales solo examinan desde el ángulo de la adecuación a las normas,sin que puedan sustituirle ni en el fondo de su opción,por muy controvertida que sea,ni en su aceptación de los riegos asumidos»,argumentan los magistrados Pedro José Yagüe,Eduardo Espín y Manuel Campos,que añaden que su cometido es juzgar si se respeta la legislación,como consideran que ha ocurrido.
Los dos magistrados discrepantes,María Isabel Perelló y José Manuel Bandrés,defienden en su voto particular que los permisos deberían ser revocados porque parten de una decisión que ha caducado (las autorizaciones originales de 2001) y a la que se debería exigir un proceso de control ambiental más riguroso que el aplicado.
Opinan,además,que como mínimo se debería haber consultado antes de dictar sentencia al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para conocer si entiende que España está aplicando correctamente en este asunto las directivas comunitarias sobre Estrategia Marina y Evaluación de Impacto Ambiental. EFE
El Tribunal Surpremo alega que se cumple la ley y que es opción de Gobierno asumir el riesgo con la prospecciones
