MANUEL MARRACO.- La Audiencia Nacional,la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Guardia Civil han llevado a cabo una operación contra una trama de corrupción municipal y regional infiltrada en varios ayuntamientos y autonomías,principalmente de Madrid,Murcia,León y Valencia. Hasta el momento se han producido 51 detenciones,259 registros y 400 requerimientos a entidades bancarias y compañías de seguros,así como 30 embargos preventivos.
La trama de corrupción municipal y regional contra la que se dirige la llamada operación Púnica,estaba «infiltrada en varios ayuntamientos y autonomías»,según ha informado la Fiscalía Anticorrupción a través de una nota.
Entre los 51 detenidos se encuentran además del ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados el presidente de la Diputación de León,el también popular Marcos Martínez -sucesor de Isabel Carrasco,asesinada el pasado mes de mayo-. Además entre los empresarios arrestados figura David Marjaliza,quien realizó bastantes operaciones con el Ayuntamiento de Valdemoro cuando Francisco Granados era su alcalde.
Marcos Martínez,que también es alcalde del municipio de Cuadros (León),fue introducido en un coche del Instituto Armado custodiado por tres agentes y abandonó el palacio de los Guzmanes,sede de la Diputación de León,ante la mirada de decenas de periodistas y otras personas que se habían congregado en el lugar.
También han sido detenidos seis alcaldes de la Comunidad de Madrid. Se trata de los ediles de Valdemoro,José Carlos Boza (PP); Collado Villalba,Agustín Juárez (PP); Parla,José María Fraile (PSOE); Torrejón de Velasco,Gonzalo Cubas (PP); Casarrubuelos,David Rodríguez Sanz (PP),y Serranillos del Valle,Antonio Sánchez Fernández (UDMA). Además,el Ayuntamiento de Móstoles está siendo registrado.
En la Región de Murcia,uno de los detenidos es el ex alcalde de Cartagena José Antonio Alonso,quien es socio de David Marjaliza en la sociedad Atalia,que intermedió en la venta de los terrenos de Española de Zinc (Zinsa) en la ciudad portuaria,según informa el diario La Verdad de Murcia.
Comisión rogatoria desde Suiza
El origen de la operación se encuentra en la comisión rogatoria enviada a finales del año pasado de año por la Fiscalía suiza informando a Anticorrupción de que había abierto una investigación por blanqueo a Granados y Marjaliza,a los que había bloqueado las cuentas y a los que quería interrogar.
Anticorrupción abrió su propia investigación con la Guardia Civil,que culminó en junio con la presentación de una querella contra los dos investigados que recayó en el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. De los pinchazos telefónicos acordados en la investigación fueron saliendo el resto de implicados.
Según fuentes de la Audiencia,la operación pivota en torno a dos personas a las que se podría denominar 'conseguidores'. Se trata de Marjaliza y de Alejandro de Pedro Llorca.
Ambos conseguían adjudicaciones irregulares de contratos y concesiones públicas. Los beneficios los blanqueaban a través de un entramado de empresas,algunas de las cuales también empleaban para conseguir las adjudicaciones. El sistema empelado era el destapado en otros casos de corrupción: modificación de los pliegos de los contratos para favorecer al que iba a pagar las comisiones,o trocear los contratos para poder adjudicarlos a quien convenía.
250 millones a cambio de comisiones
En los dos últimos años,la trama investigada firmó adjudicaciones públicas por valor de 250 millones de euros a cambio de comisiones ilegales.
La operación está dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional,que dirige el magistrado Eloy Velasco,y la Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado. Las detenciones y los numerosos registros los está realizando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Según ha informado la Fiscalía Anticorrupción en un comunicado,sólo en los dos últimos años esta trama de corrupción municipal y regional,que operaba principalmente en Madrid,Murcia,León y Valencia,se habrían adjudicado contrataciones por valor de 250 millones de euros.
En concreto a la trama se le imputan los delitos de blanqueo de capitales,falsificación de documentos,delitos fiscales,cohecho,tráfico de Influencias,malversación de caudales,prevaricación ,revelación de secretos,negociaciones prohibidas a funcionarios,fraudes contra la administración y organización criminal.
La operación,que ha sido declarada secreta por el magistrado Eloy Velasco,continuará en los próximos días,según la Fiscalía Anticorrupción.