El magistrado del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro ha citado los próximos días 9 y 14 de abril,respectivamente,a los expresidentes de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chaves para que comparezcan en calidad de imputados en la causa que investiga el fraude de los ERE en esa comunidad autónoma. Las declaraciones de los expresidentes autonómicos del PSOE se producirán después de que se celebren las elecciones autonómicas andaluzas del 22 de marzo. La decisión del Supremo afecta a los cinco aforados en la causa -todos ellos solicitaron comparecer voluntariamente-,quienes comparecerán entre los próximos 7 y 21 de abril.
El alto tribunal cita a Griñán y Chaves por «los actos realizados en el desempeño de sus funciones como consejero de Economía y presidente de la Junta,con motivo de la concesión de ayudas sociolaborales y económicas directas a diferentes empresas,así como las prestadas a personas físicas»,según la providencia dictada ayer y hecha pública hoy. Aunque el juez no lo precisa,la llamada citación puede obedecer a la solicitud de Chaves y Griñán de declarar de manera voluntaria.
De hecho,fuentes de las defensas de los aforados han recordado esa voluntariedad. Además,han significado que «no es un auto de imputación contra ellos,ni contiene ningún razonamiento que recoja indicio alguno de criminalidad».
Además,Barreiro solicita a los peritos de la Intervención General del Estado que,tras examinar el informe presentado por las defensas de Chaves y Griñán,amplíen su dictamen sobre el uso de las transferencias de financiación en los ERE,una de las claves del caso. El Supremo,no obstante,no ha solicitado de momento el suplicatorio al Congreso y el Senado,ya que Chaves y Griñán son diputado y senador,respectivamente,lo que sí sería necesario para poder procesarlos,inculpación formal o toma de medidas cautelares.
Por su parte,el expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves ha señalado que su situación no ha cambiado,ya que contra él no pesa ninguna «imputación formal» y ha señalado que tiene la «conciencia tranquila» y que confía en que la causa se «archive». «No hay auto de imputación formal contra nosotros,no hay inculpación,ni indicio de delito,simplemente es así por tener que ir a declarar,nada ha cambiado en absoluto»,ha dicho el diputado nacional en respuesta a los periodistas en el Congreso. Además,Chaves ha añadido que siempre se ha sentido «respaldado» por su partido y ha confiado en que su citación para declarar no influya en las elecciones autonómicas andaluzas del próximo 22 de marzo.
La juez Mercedes Alaya basa su tesis incriminatoria en un informe de la Intervención General del Estado de diciembre de 2013 sobre la competencia o no de la Junta para utilizar el sistema de las transferencias de financiación.
Para el resto de aforados el calendario es el siguiente: el primero en comparecer será el exconsejero José Antonio Viera,citado para el 7 de abril; después de que el 9 comparezca Griñán y Chaves lo haga el 14,el día 16 se ha citado al también exconsejero andaluz Gaspar Zarrías. La última en comparecer será la senadora Mar Moreno,han informado fuentes del alto tribunal.
Barreiro instruye desde hace semanas la causa abierta en el Supremo contra los cinco aforados. El Tribunal Supremo investiga si Chaves y Griñán intervinieron de manera «directa o indirecta” en el diseño del fondo,dotado con 855 millones para subvencionar ERE y ayudas directas a empresas en crisis. En su resolución en la que el Supremo admitía hacerse cargo del asunto que afecta a los altos cargos,los jueces recogieron los argumentos empleados por la instructora del caso ERE,Mercedes Alaya,en la exposición razonada que remitió en agosto al alto tribunal para que investigara a los aforados. El Supremo no se pronuncia sobre los posibles delitos en los que pudieran haber incurrido.
El instructor del caso ordena a la Junta de Andalucía que aporte los documentos aportados a los anteproyectos de presupuestos por parte de las Consejerías de Empleo,de Innovación y de Empresa entre los años 2000 y 2012; documentación análoga a la agencia Idea,así como los papeles que elaboraron,hicieron y enviaron los consejeros de Economía y Hacienda en relación con las cuentas de la Junta de ese periodo.
Mercedes Alaya,la instructora del caso ERE,destapó un fraude multimillonario en la concesión de ayudas públicas para prejubilaciones y despidos en decenas de empresas. La Junta gastó 850 millones para las prejubilaciones y despidos de 6.096 trabajadores,de los que 126 nunca estuvieron empleados en las empresas beneficiadas. Además,se pagaron a las aseguradoras comisiones por la tramitación de pólizas que triplicaron los precios de mercado. Ese uso indebido de dinero público enriqueció a intermediarios de las operaciones.
La juez sostiene que los gobernantes andaluces idearon un instrumento presupuestario supuestamente ilegal,las “transferencias de financiación”,para conceder las ayudas. Ese mecanismo,aprobado año a año en el parlamento andaluz en las leyes de presupuestos,facilitaba el fraude al eludir el control previo del gasto,según la instructora. Alaya mantiene que el Gobierno andaluz eligió este procedimiento,y no el de las subvenciones como correspondía,“para eludir los controles de la Intervención de la Junta”.
Les pedirán sus actas si son imputados por un delito
El portavoz socialista ha defendido que los ex presidentes andaluces han pedido declarar voluntariamente ante el alto tribunal y «no hay otra forma» de hacerlo que en calidad de imputados,pero no se les atribuye «ningún delito» y,por eso,»no tendrán que entregar sus actas de diputado».
Dicho esto,y aunque ha expresado su esperanza en que después de su declaración la causa «se archive»,ha recalcado que «en el momento en que se les imputase la declaración de algún delito,sí tendrían que entregar el acta de diputado,cumpliendo así con la palabra del secretario general del PSOE».
En este momento,ha dicho,»no se aplicaría el Código Ético» que aprobaron los socialistas el pasado mes de noviembre,sino «las reglas establecidas y los compromisos adquiridos» por Pedro Sánchez,de manera que «en el momento que se les impute algún delito tendrían que dejar el acta de diputados»,algo que no ha pasado hasta ahora.
Hernando,que ha atribuido a un «error» personal su primera explicación de la 'hoja de ruta' socialista en este asunto,ha asegurado,que,en el caso de la imputación de delitos,»se aplicará siempre el criterio del secretario general».
Así lo ha asegurado cuando se le ha preguntado si dejará de tener vigencia el Código Ético. «En relación con las imputaciones y con la obligación de entregar el acta de diputado,se aplicará el compromiso del secretario general del PSOE,Pedro Sánchez,de que en el momento de que se impute un delito se tendrá que entregar el acta»,ha dicho.
Aunque ha asegurado que por el momento el PSOE no se plantea reformar sus normas internas,ha subrayado que Sánchez ha dicho «en multitud de ocasiones» que los socialistas van a ser «muy contundentes en relación con estos temas y muy exigentes». «Por lo tanto,ésta es la exigencia que nos lleva a pedir que en el momento que haya imputación de delitos se tenga que entregar el acta de diputados»,ha remachado.
