La consejera de Hacienda,Rosa Dávila,concretó ayer en el pleno del Parlamento que la bonificación del 99% del Impuesto de Sucesiones y Donaciones,que entrará en vigor el 1 de enero,supondrá un ahorro aproximado para los contribuyentes de 66,1 millones de euros.
En una comparecencia,Rosa Dávila arguyó que 5.062 familias canarias se vieron obligadas a renunciar a sus herencias durante entre 2007 y 2014,coincidiendo con los años de la crisis,e incidió en que el objetivo de esta medida fiscal es impedir que el Gobierno central se quede con muchos de esos bienes.
La consejera informó de que la Agencia Tributaria Canaria ha realizado un análisis de los datos de recaudación de 2015 porque es “muy previsible” que el comportamiento y la evolución del Impuesto de Sucesiones y Donaciones sean “muy parecidos” durante el próximo año.
Dávila expuso que esta reducción del impuesto se llevará a cabo sin tener en cuenta el nivel de patrimonio previo,porque “el grueso de las liquidaciones -más del 99%- son presentadas por los que menos tienen”.
Dávila aseveró que,conforme a las últimas estadísticas del Consejo General del Notariado,en Canarias se renuncia cada día a 3,3 herencias,un dato que ha ido incrementándose a lo largo de los estos últimos años de crisis económica. El incremento interanual en 2014 fue del 40%.
A la consejera de Hacienda también le tocó responder a una de las cuatro preguntas relativas al Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas que se formularon en el pleno. En su turno,Dávila señaló que la comisión bilateral de transferencias establecerá la cantidad que Canarias dejará de devolver al Estado en concepto del IGTE y si ese dinero queda excluido de la regla de gasto. “La cantidad está en torno a los 160 millones de euros al año a partir de 2016”.
Previamente,Fernando Clavijo propuso que los aproximadamente 193 millones de euros que Canarias se quedará el año próximo se destine a inversión y políticas activas de empleo. El presidente apuntó que el acuerdo ha sido “un trabajo colectivo que no está cerrado”,y,tras comentar que lo primero será que ese dinero quede fuera de la regla de gasto,observó que una ventaja es que no serán ingresos vinculados a una política económica específica.
El grupo Popular presentó una iniciativa para que los 193 millones se dediquen a paliar las listas de espera,la dependencia,la PCI y luchar contra el desempleo.