Continúan las investigaciones de la “Operación Perceval” en La Gomera,por la que se ha descubierto una trama para alterar el catastro y la configuración de propiedades en varios lugares de la isla,a cambio en algunos casos de contraprestaciones económicas.
El pasado mes de Julio del presente año,agentes de la Unidad Central Operativa (OCU) y de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial se desplazaban hasta La Gomera para interrogar a varias personas que podrían estar involucradas en la conocida trama como 'Operación Perceval' trama,en la cual y según se apunta por fuentes solventes ya hay más de una docena de imputados hasta este momento.
Gomeranoticias se hizo eco en su momento de una información de alcance del periódico El Dia en la que se señalaba que miembros de la Guardia Civil habían iniciado los interrogatorios y tomado declaración a varias de las personas imputadas en La Gomera durante la fase de la «operación Perceval» en la que se habían descubierto alteraciones en el catastro y la configuración de las propiedades en varios lugares,a cambio de contraprestación económicas
Según informa ahora AGNpress «el modus operandi de los presuntos autores de los hechos consistía en la realización de cambios catastrales fraudulentos,con la participación de los particulares interesados y de algún funcionario público,sobre fincas cuyos propietarios,en muchos casos de origen extranjero,habían fallecido o se encontraban residiendo fuera de la isla desde hace varios años. Incluso en algunos casos estos cambios se realizaban sobre propiedades ya registradas con el objetivo de cambiar la titularidad de las mismas».
La Agencia mencionada informa que «en los últimos meses y tras la publicación de varias informaciones relacionadas con este tema se han incrementado en La Gomera el número de denuncias por parte de los afectados»
Hay que recordar que las penas por falsedad en documento público podrían alcanzar de tres a seis años de prisión en el caso de los funcionarios y de seis meses a tres años en el caso de los particulares (ley organica 10/1995,de 23 de noviembre,del Código Penal).
Detenciones
Con fecha 12 de junio este periódico digital publicaba una información remitida a la redacción por parte del Gabinete de Prensa de la Guardia Civil en la que se señalaba que se había procedido a la detención de tres personas,entre ellas un funcionario,e imputado a una cuarta,por presuntas irregularidades en la Gerencia Territorial del Catastro de Santa Cruz de Tenerife para inscribir fraudulentamente fincas en el Registro de la Propiedad.
Según se indicaba,la operación se había iniciado al haberse detectado «modificaciones fraudulentas del catastro».
Los detenidos hasta aquel momento eran un funcionario de la Gerencia Territorial del Catastro de Santa Cruz de Tenerife,un antiguo trabajador de una notaría y un gestor como presuntos autores de delitos de prevaricación,falsedad documental,cohecho y tráfico de influencias.
Igualmente en la operación ha sido imputada una cuarta persona,funcionaria del Catastro.
La Guardia Civil inició la operación tras detectarse una presunta trama compuesta por funcionarios de la Gerencia Territorial del Catastro de Santa Cruz de Tenerife quienes,al parecer en connivencia con el antiguo trabajador de una notaría,procedían a emitir resoluciones y certificaciones catastrales irregulares.
Con ellas al parecer se pretendía favorecer los intereses de terceras personas que utilizaban dicha documentación para alterar la titularidad de parcelas,modificar superficies y trazado,inscribirlas irregularmente en el Registro de la Propiedad y reducir la cuantía de los impuestos de bienes inmuebles a pagar.
En la investigación se determinó que algunas personas,burlando los canales reglamentarios,conseguían certificaciones catastrales sobre determinadas parcelas.
Estos contaban con la ayuda de los ahora detenidos que,al incumplir las normas esenciales del procedimiento propio para este tipo de tramitaciones,falseaban las bases de datos del Catastro y emitían las certificaciones con una nueva realidad catastral,según indica la Guardia Civil.
Posteriormente dichas certificaciones eran incorporadas a protocolos notariales y eran utilizados,entre otras cosas,para aportarlos al correspondiente Registro de la Propiedad y así inscribir las parcelas de manera ilícita.
Durante la operación los agentes han realizado cuatro entradas y registros en domicilios de los detenidos y en dependencias de la Gerencia Territorial del Catastro de Santa Cruz de Tenerife.
La operación,dirigida por el Juzgado de Instrucción número uno de La Laguna,ha sido desarrollada por el Grupo de Delitos Contra la Administración de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y por la Unidad de Policía Judicial del mismo cuerpo de Santa Cruz de Tenerife,en colaboración con la Dirección General del Catastro del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
La investigación,que se encuentra bajo secreto de sumario,continúa abierta.
