La primera reunión en esta legislatura de la Comisión General de Cabildos del Parlamento de Canarias ha transcurrido igual que las anteriores, entre quejas de los presidentes de las corporaciones insulares por la falta de financiación y discursos retóricos alabando la importante función de los gobiernos insulares por parte de algunos parlamentarios.
Tampoco ha sido novedad que tanto diputados como presidentes de cabildos se pregunten por identidad y función de esta comisión y por la utilidad de estos encuentros, en los que, desde que se instauraron, las corporaciones insulares denuncian invariablemente la insuficiencia de financiación de las competencias transferidas y delegadas por parte de la Comunidad Autónoma.
De la escasa trascendencia de los encuentros da muestra por ejemplo la ausencia de tres de los siete presidentes de cabildos, los de Gran Canaria, El Hierro y Lanzarote, si bien este último delegó en su vicepresidente.
La presidenta del Parlamento de Canarias, Carolina Darias, estuvo para abrir la comisión, pero se ausentó y dejó su asiento a la vicepresidenta primera, Cristina Tavío.
La diferencia de esta primera sesión de la legislatura con otras anteriores es que ha habido algunas reflexiones para buscar una nueva identidad y función de esta Comisión General de Cabildos.
Así, Marcial Morales, presidente del Cabildo de Fuerteventura, dijo que debe acabarse «el tutelaje» del Parlamento de Canarias sobre las corporaciones insulares.
Estas se ven obligadas por ley a presentar la memoria anual sobre los servicios transferidos o delegados, cuando la realidad es que la Comunidad Autónoma apenas financia una cuarta parte de su coste real, apuntó.
El reconocimiento de «la mayoría de edad» de los cabildos por parte del Parlamento de Canarias pasa por un nuevo sistema de financiación suficiente, agregó.
Carlos Alonso, presidente del Cabildo de Tenerife, defendió también que la comisión parlamentaria sea productiva y sirva para abordar un nuevo sistema de financiación de esas competencias transferidas o delegadas, desde la premisa de que no se debe culpar de la insuficiencia financiera a ningún cabildo ni gobierno porque la culpa «es de todos».
En su exposición sobre la memoria de la transferencias del Cabildo de Tenerife de los años 2013 y 2014, Carlos Alonso puso de manifiesto que en el primero de esos años la corporación insular asumió el 44 por ciento del coste y la Comunidad Autónoma sólo el 24 por ciento, y en el segundo el reparto respectivo fue de 54 y 27.
«Hay que actualizar el coste de los servicios, hay que reducir las duplicidades, hay que simplificar y hay que garantizar una adecuada financiación», dijo Alonso.
Casimiro Curbelo, presidente del Cabildo de La Gomera, corroboró, como en anteriores reuniones de la Comisión, que todas las áreas transferidas y delegadas tienen déficit en medios económicos, humanos y materiales.
Entre los diputados, la representante del PP, Águeda Montelongo, planteó abiertamente un cambio en la comisión, porque tal como funciona ve mucha desmotivación e incluso melancolía, dado que «todo sigue igual».
«Esto no es práctico, hay que hacer que la comisión sea un foro de discusión y de debate, de generación de ideas, hay que dinamizarla para que sea un entorno de trabajo común entre el Parlamento y los cabildos», propuso Águeda Montelongo a los demás diputados.
Pero sus propuestas no generaron discusión, debate ni nuevas ideas entre el resto de parlamentarios.
El consejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, Aaron Afonso, aprovechó el foro para anunciar la intención del ejecutivo de abrir un proceso que durará dos años para detectar las duplicidades competenciales entre administraciones, que concluirá en una nueva descentralización de competencias para que residan en la administración más cercana al ciudadano