Nicolás Maduro prepara un ‘plan B’ ante la inminente derrota en las elecciones parlamentarias de este domingo. Las encuestas de última hora no han variado las cifras que mostraban durante los últimos meses una sólida ventaja de la oposición, en torno a 20 puntos, pese al zafarrancho de combate bolivarianodurante la campaña.
El objetivo gubernamental, reconocido en ‘petit comité’, es que su fracaso en las urnas se traduzca en un estrecho margen de diferencia en el número de diputados, para lo que cuentan con la famosa ‘operación Remate’ y con las bonanzas de una ley electoral hecha a la medida.
La verdadera lucha política comienza el 7-D. Círculos diplomáticos y dirigentes de la oposición están convencidos de que Maduro aprovechará las cuatro semanas que restan hasta la puesta de largo del nuevo parlamento (5 de enero) para aprobar una nueva Ley Habilitante, que le otorgue plenos poderes para legislar por decreto y por encima de los nuevos diputados.
«No cabe ninguna duda de que así será», vaticina para EL MUNDO José Ignacio Hernández, doctor en Derecho y profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV). «El oficialismo puede sesionar hasta el 15 de este mes, pero en la práctica van a legislar hasta el día antes. Casi un mes para dictar leyes que perturben a la nueva mayoría. Maduro tiene la posibilidad de pedir una prórroga para la actual Ley Habilitante, que vence el 31 de diciembre, o incluso una nueva por hasta tres años», añade el jurista.
Una operación que ya realizó Hugo Chávez en 2010. El líder bolivariano reclamó cuatro habilitantes durante su mandato, en total cuatro años y medio pese a contar con todos los poderes del Estado. Maduro continúo la misma estrategia yya ha sumado dos habilitantes: de los 32 meses que lleva al frente del país ha usado los plenos poderes durante 18.
La Asamblea Nacional es hoy uno de los tentáculos de la revolución. Delegó buena parte de la elaboración de las leyes en sus líderes del Ejecutivo, tampoco controló al Gobierno, no hizo seguimiento del gasto público y no investigó la corrupción. «Se convirtió en la casa más grande del Gobierno y de su partido. Un brazo del Ejecutivo sin ningún tipo de independencia. Y con Diosdado Cabellocomo presidente, en un cuartel», se lamenta Carlos Berrizbeitia, el diputado más combativo en los últimos cinco años.
El dirigente opositor considera que la aprobación de una habilitante exprés supone técnicamente «un autogolpe, porque el mandato popular habría dicho una cosa muy distinta. La gran pregunta es si Maduro se atrevería a quitarse su barniz democrático ante el mundo».
El chavismo nunca ha aceptado las derrotas electorales, todo lo contrario. En 2007, un grupo de estudiantes derrotó al ‘comandante supremo’ en el referéndum sobre la reelección indefinida y una batería de leyes socialistas. «Es una victoria de mierda«, resumió iracundo Chávez tras ocultarse durante 24 horas. El referéndum para la reelección se repitió dos años después con toda la maquinaria bolivariana para ganarlo. El líder de la revolución utilizó las distintas habilitantes para imponer las leyes que el pueblo no quiso.
Parecida suerte corrieron alcaldes y gobernadores antichavistas. Antonio Ledezma, sorprendente ganador de la Alcaldía Mayor de Caracas en 2008, fue desposeído del 90% de sus atribuciones y sedes después de que Chávez nombrara a dedo un jefe de Gobierno de Caracas. Ni siquiera un despacho le dejó. Gobernadores opositores como Henrique Capriles (Miranda) y Henri Falcón (Lara) también perdieron competencias, como las vías interurbanas o los hospitales. Y dinero, mucho dinero, ya que el Gobierno decide por intereses políticos cuántos fondos y cuándo envía a las gobernaciones.
El futuro de la ley habilitante también dependería del resultado de este domingo. Con la mayoría simple (84 de los 167 diputados) poco podría hacer la oposiciónmás que quejarse. Pero con la mayoría cualificada de dos terceras partes (112 diputados) podría derogar la ley de plenos poderes para Maduro. Y es aquí donde surge el ‘plan C’ del chavismo: convertir al Tribunal Supremo en su ariete más poderoso contra la nueva Asamblea, capaz de declarar inconstitucionales las iniciativas de la Mesa de la Unidad Democrática.
«Estaríamos ante una dinámica absolutamente desconocida en las instituciones, un conflicto nuevo basado en el saboteo del Parlamento a través de la Sala Constitucional del Supremo», pronostica Hernández.
El ‘plan C’ ya ha dado sus primeros pasos. El Gobierno presionó a 13 magistrados del Supremo para que se jubilaran antes de tiempo y así poder elegirlos antes de que entren los nuevos diputados y no el año que viene, como tocaba. Sumado a otros cinco puestos que quedaban vacantes, el viejo Parlamento chavista decidirá quiénes son los jueces que entablen el pulso político con el Parlamento.
«La jubilación ha sido utilizada sistemáticamente en el Poder Judicial por el régimen para disponer designaciones de jueces a conveniencia«, denunció la ex magistrada Blanca Rosa Mármol, apartada de la misma forma en 2012.