El enredo del alquiler de viviendas vacacionales en nuestra Comunidad Autónoma va adquiriendo proporciones cada vez más intrincadas, de modo que encontrar la salida al problema, a la vista de los intereses contrapuestos y de las propias diferencias políticas, es muy complicado. La iniciativa del Grupo Parlamentario Popular Canario, consistente en la derogación del decreto regulador, reaviva la controversia hasta niveles de limbo legal que es lo que, en principio, otros grupos parlamentarios -se supone que las asociaciones de afectados también habrán fruncido el ceño después de haber mostrado su aprobación a la fórmula inicial aprobada por el anterior Gobierno- han detectado para mejor proveer. En efecto, empresas y particulares que tramitaron sus licencias con arreglo a lo dispuesto en el actual decreto serían los perjudicados en tanto la derogación acarrearía una evidente situación de inseguridad jurídica, curiosamente uno de los argumentos que, en su momento, sustanció la postura de los populares canarios que ahora niegan la validez del decreto.
Aunque los objetivos para salir del limbo y de las incertidumbres parecen claros, no lo son tanto los caminos o métodos para alcanzarlos. Se trata de armonizar los derechos de las empresas turísticas y de los agentes profesionales del sector con la incentivación de la economía local, de modo que sea posible crear empleo y hasta mejorar el mantenimiento y la prestación de los servicios públicos. Es más: lo que se quiere -eso es lo que quieren los grupos parlamentarios que apoyan al ejecutivo- es incorporar el alquiler vacacional a la oferta turística reglada, teniendo en cuenta, sobre todo, que cada vez es mayor la demanda de experiencias alojativas diferentes. Ello redundaría, teóricamente, en un aumento de la productividad económica y en más empleo. No en altos porcentajes, desde luego. Los defensores del alquiler vacacional enfocan éste como una ampliación complementaria del modelo implantado en el sector turístico canario. Estamos hablando de unos cincuenta mil propietarios de viviendas vacacionales.
Pero todo ello, en cualquier caso, hay que hacerlo en las coordenadas de la legalidad. Es importante negociarlas, evaluarlas y pactarlas. Porque se requiere una solución estable y de amplio espectro dada la evolución del sector, de las expectativas que se siguen abriendo y de las tendencias que se van configurando. Las reglas, claras: para que se sepa qué se puede hacer y dónde, en qué suelos es factible aplicar la medida, si al final se alcanza algún tipo de solución satisfactoria que englobe, por cierto, el concepto de calidad, no sea que ciertas proliferaciones vengan a desvirtuar la oferta y el destino. Recordemos que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia también expresó sus dudas al respecto, hasta el punto de reclamar a los responsables de la Administración canaria que suprimieran o modificaran varios preceptos reglamentarios.
Del enredo, por supuesto, hay que salir. Si hay que modificar normas, que sea para mejorarlas.