Cruz Roja pide a GSC, empresa publica que gestiona el transporte sanitario en Canarias, que se renueve el convenio de ambulancias. La situación ha obligado a la Institución Humanitaria a poner en marcha un ERE que afecta a 53 personas de su plantilla.
La Organización lamenta la negativa de Gestión Sanitaria de Canarias para negociar el acuerdo de prestación de servicio de ambulancias en distintas localidades en cuatro de las Islas. Cruz Roja ha venido reclamando que se renueve el convenio actual que tiene vigencia hasta el día 31 de diciembre. Cruz Roja y GSC mantienen este contrato de prestación de servicios desde hace más de veinte años. Al inicio eran unas 25 ambulancias y en estos momentos la Institución presta sus servicios únicamente en siete pequeñas poblaciones de cuatro islas del Archipiélago Canario. Lo que permite además que su personal y voluntariado haga prácticas de atención a urgencias y estar mejor preparados para las situaciones de emergencias y catástrofes.
Cruz Roja muestra su preocupación y en todo caso requiere de GSC que se garantice que estas zonas no vean reducida las condiciones de cobertura actual, así como que se mantengan los puestos de trabajo actuales.
A pesar de las buenas relaciones existentes con el Gobierno Canario, desde Cruz Roja no se comprende esta «inusual e injusta» actitud de la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias (GSC). El único argumento recibido por Cruz Roja es que no hay disponibilidad presupuestaria. Por ello desde la Institución no se entiende que se opte por opciones que a medio y largo plazo aumenta mucho más el coste del servicio para GSC.
Desde hace más de 100 años Cruz Roja viene prestando servicios de transporte sanitario a los ciudadanos de Canarias. Cuando ninguna Administración se ocupada de prestar este servicio, Cruz Roja se ocupaba de ello con sus escasos recursos y su voluntariado. Después se facilitó y colaboró al máximo en la puesta en marcha e implantación del 061, posterior 112 . Y se ha seguido colaborando, incluso aportando recursos propios, dado lo limitado de la contraprestación económica que facilita GSC a Cruz Roja.
Por cada una de las ambulancias que presta los servicios durante 24 horas Cruz Roja recibe 170.000 euros al año, cuando el coste actual del servicio le supone un mínimo 210.000 €. Cifras que están muy por debajo de lo que se paga a las empresas privadas.
Cruz Roja entiende que desde GSC no se tiene una visión global de la labor de la Institución. No se valora el beneficio que, para la sociedad en su conjunto y en particular para el propio Gobierno de Canarias, tiene que Cruz Roja mantenga determinadas capacidades. Mantener un mínimo de unidades concertadas para urgencias le permite a Cruz Roja ser más fuerte y estar mejor preparada para situaciones de emergencias sociales, sanitarias o catástrofes, en las que Cruz Roja siempre ha puesto a disposición de los ciudadanos y de las autoridades todas sus capacidades de forma gratuita. Con esta situación además se podría estar haciendo un daño añadido a una Institución que necesita de todas sus capacidades para ayudar a las personas en situación de vulnerabilidad.
Cruz Roja está muy preocupada con el «futuro incierto» que se podría deparar a los alrededor de 50 trabajadores vinculados al servicio, si finalmente no se renueva el convenio y exige que las empresas entrantes y GSC cumplan la normativa laboral y subroguen la plantilla, tal y como marca el Convenio de Sector del Transporte Sanitario en Canarias. Sin embargo, ante determinadas situaciones que se están dando, la Institución teme que se esté tratando de evitar esta subrogación y que, por tanto, los trabajadores puedan perder sus derechos adquiridos y sus puestos de trabajo. La Institución espera de las empresas entrantes que actúen con responsabilidad y respeto a la normativa laboral. Y no da crédito a informaciones y comentarios que le llegan de que se está presionando al personal afectado, supuestamente para que acepten unas condiciones de trabajo poco dignas y de escasa calidad.
Cruz Roja entiende que GSC, empresa pública, debe dar ejemplo y en todo caso facilitar y apoyar en lo posible este proceso de subrogación.
