Los principales barones territoriales socialistas, en su mayoría presidentes de Gobiernos autonómicos, no ven ninguna salida para evitar la repetición de las elecciones generales, ante la dificultad de sumar una mayoría parlamentaria en torno a Mariano Rajoy o de Pedro Sánchez. Los socialistas consideran que si su candidato alcanzara votos suficientes para su investidura, el problema surgiría de inmediato porque los partidos que propiciaran su Gobierno pondrían en marcha iniciativas secesionistas y sobre la unidad de España. No quieren aceptar el apoyo de esos partidos y dan por hecha la repetición de las elecciones.
«No podemos aceptar el apoyo de unos partidos que vale, te pueden investir pero no te van a dejar gobernar». Esta opinión de un presidente socialista recorre el debate entre los dirigentes del partido. En principio, la resolución aprobada el lunes por el Comité Federal del PSOE impedirá que Sánchez inicie conversaciones con fuerzas políticas que no renuncien previamente a la defensa de celebrar consultas para la independencia o defiendan el derecho de autodeterminación de una parte de España. Aun así, entre los barones territoriales existe el temor de que el equipo de Sánchez intente la investidura, a pesar de que no se dan condiciones para formar una mayoría «coherente» que afronte «los desafíos» que tiene España en los próximos meses, según señala con preocupación un presidente autonómico.
Con la limitación expresada en la resolución del lunes estaría vetado a día de hoy abrir conversaciones con Podemos, Mareas y las plataformas asociadas a esa marca pero de composición territorial, ya sea en Cataluña, con En Comú Podem, o en la Comunidad Valenciana. Pero también el sentarse con ERC y Democracia i Llibertad (antes Convergència), embarcadas en el proceso secesionista catalán, y que tendrían que abstenerse para que saliera adelante la candidatura de Sánchez.
Los vetos están claros, pero en el PSOE no hay tranquilidad en absoluto por la presión desde todos los ámbitos sociales, económicos, del PP y de la izquierda para que asuma un papel determinante, pese a las limitaciones. Las cinco horas que los dirigentes socialistas pasaron reunidos el pasado domingo en la sede del partido con Sánchez estuvieron presididas por la tensión, que se mantiene, sobre las condiciones en las que el PSOE debe hacer el intento de gobernar. Algunas de las intervenciones se basaron en preguntarse con desaprobación si alguien estaba dispuesto a defender un Gobierno con Podemos, Mareas y ERC cuando en breve vendría el desafío secesionista catalán. Quienes se formularon esas preguntas, que prefieren no ver su nombre desvelado al tratarse de una reunión interna, recordaron que una línea maestra del programa y el proyecto socialista incluye la reforma constitucional. «¿Vamos a impulsarla sin el PP, pero sí con quienes quieren trocear España?», se preguntaron.
Los contrarios a que el PSOE asuma las riendas del Gobierno se encontraron con la respuesta contundente de Sánchez y de otros secretarios generales de que, una vez comenzadas las negociaciones para formar una mayoría de gobierno, la primera condición ineludible sería la defensa de la unidad de España y el rechazo a la consulta secesionista en Cataluña. Pero no pareció suficiente, de manera que la redacción de una frase consumió el 80% del tiempo hasta llegar a escribir que sin renuncia previa al referéndum no habría ni reunión. Y así se aprobó al día siguiente en el Comité Federal con solo cuatro votos en contra de representantes de la corriente Izquierda Socialista, que no comparte ese férreo corsé para negociar.
Acuerdos con Podemos
La explicación está en que destacados barones socialistas no quieren gobernar con esos apoyos. Desde la dirección federal, en su defensa, recalcan que jamás la unidad de España será moneda de cambio y recuerdan que los presidentes autonómicos de Asturias, Javier Fernández; Extremadura, Guillermo Fernández Vara; de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; Aragón, Javier Lambán, y de Baleares, Francina Armengol, gobiernan por el apoyo de Podemos, y a veces de otras fuerzas, como Ximo Puig en Valencia.
Cada caso tiene su matiz, pero todos ellos alegan que cuando ellos negociaron sus investiduras esos interlocutores jamás invocaron nada relacionado con la unidad de España ni la autodeterminación de sus comunidades. Susana Díaz, presidenta de Andalucía, consiguió el apoyo de Ciudadanos para su investidura casi al límite del plazo para tener que repetir las elecciones. Ni el PP ni Podemos se avinieron a negociar.
Mientras, Armengol reunió el pasado martes a la ejecutiva del PSOE balear, del que es secretaria general, y aprobó dar un margen de confianza a Sánchez para que condujera las negociaciones con libertad. Este gesto de la presidenta balear, alineada con Sánchez, indica que si el PSOE puede intentar o no gobernar no está cerrado. Sánchez lo intentará. Los barones no quieren ni que lo intente y que se afronte que las elecciones se deben repetir.
Los vetos a la negociación en los discursos de fin de año
Los presidentes autonómicos socialistas han incluido en sus discursos de fin de año los vetos a negociar con fuerzas políticas que defiendan el secesionismo, aunque lo hayan expresado de forma indirecta. La presidenta andaluza, Susana Díaz, se manifestó por el “combate contra quienes quieren dividir territorialmente España”. Andalucía no puede encerrarse en sí misma sino que tratará de representar un papel relevante dentro de España como lo hizo en anteriores etapas, señaló la presidenta andaluza. Y citó la presión de Andalucía para que no hubiera discriminación entre las llamadas comunidades históricas y el resto. El presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández, también ve necesario que Asturias se implique en el momento actual de España. Su Gobierno no puede “mostrarse indiferente”, como español y como asturiano, ante el panorama político nacional que en principio debe llevar a quien ha ganado las elecciones a “transformar su victoria en una mayoría”. Si no lo consigue “procederá tomar otras iniciativas que nunca han de pasar por trocear ni la soberanía nacional, ni la integridad territorial, ni la única ciudadanía”. Estas alusiones entran de lleno en el debate del PSOE sobre la política de pactos y así lo reflejaron en sus discursos de fin de año el presidente de Castilla–La Mancha, Emiliano García–Page y el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara. El proyecto de España debe ser uno, “no 17”.
