Es cierto que hay que llevar a cabo una racionalización de la normativa del territorio, porque a lo largo de los años se ha convertido en una maraña legislativa imposible de entender ni por los propios expertos.
Es cierto que, incluso, llega a ser contradictoria en muchos puntos e imposible también de aplicar en otros tantos. Los gobiernos y legislaturas que se han ido sucediendo después de 2003 fueron generando, sobre la base principal del texto refundido de ordenación del territorio y los espacios naturales de Canarias y sobre las Directrices Generales de Ordenación, reforma tras reforma, el complejo entramado actual de normativa.
Pero también es cierto que esas reformas (y reformas de esas reformas) se han ido haciendo con un fin: saltarse el modelo de ordenación y planificación concebido en aquella época con la ley del Territorio y, sobre todo, con la ley de las Directrices.
El problema radica en que Canarias aprobó un modelo de ordenación y planificación territorial y ambiental por la puerta grande, pero por la de atrás fue acometiendo excepciones y múltiples modificaciones puntuales a ese modelo proteccionista, porque en el fondo nunca estuvo interesada en aplicar ese modelo, aunque tampoco nadie se había atrevido a derogarlo de manera clara y contundente, como sí hace ahora nuestro “estimado” Clavijo.
Volvemos a los felices años 20. Volvemos al caos urbanístico, a la construcción en cualquier suelo rústico, al destrozo del paisaje y al desenfreno colectivo de ocupación del territorio, volvemos a plantar urbanizaciones de adosados en medio de cualquier campo y de poner a las cabras al lado de los chalets.
Y si miramos con atención al problema, es fácil concluir que los gobiernos que hemos tenido no quieren un modelo socioeconómico para Canarias, pero no lo quieren ni blanco ni negro, ni de izquierdas ni de derechas, simplemente no lo quieren. No les gusta la planificación, no les gustan las directrices ni las estrategias, no les gustan los criterios objetivos, claros ni de interés para toda la sociedad canaria. No les gusta que les marquen un camino ni una dirección.
Lógico, con una buena legislación y una buena planificación es imposible hacer lo que te dé la gana. Aunque esté para hacer las cosas bien, es molesta. Imagínate, llega cualquier inversor que pide lo que se le antoja y donde se le antoja… y va a resultar que unos técnicos cualquiera, en nombre de la ley, me van a decir a mí, que soy el político que gobierna, que no puedo “echarle una mano”.
Pues es normal, para qué vamos a querer un modelo sostenible, cuidadoso con el medio ambiente, que sepa poner en valor nuestros recursos para nosotros mismos, que sepa generar empleo de calidad y duradero, que sirva para mejorar nuestro bienestar y nuestro nivel de vida, que se proponga en serio diversificar la economía hacia sectores productivos, que no permita el expolio de los inversores extranjeros y no tan extranjeros, que se llevan todos los beneficios dejando cuatro miserables puestos de trabajo, más todos sus desechos, cargas territoriales, ambientales y sociales…
Vivamos alegremente estos nuevos años locos, que ya dentro de otros diez años nos volveremos a quejar de lo mal que lo hemos vuelto a hacer, de lo peor que sigue el territorio y el medio ambiente, de lo mal que va el empleo, de la desigualdad tan grande que hay en las ganancias de unos pocos frente al resto… pero… ¡y lo bonito que es para un político canario con aspiraciones ver la sonrisa en la cara de un inversor adinerado!
Hombre, por dios, eso no tiene precio.
Asun Delgado
Diputada por Podemos en el Parlamento de Canarias