La Guardia Civil ha lanzado este miércoles una operación contra la corrupción centrada en Ayuntamientos de la provincia de Valencia que fueron gobernados por el PP, la Diputación provincial y la Generalitat. Entre los detenidos —24, según fuentes de la investigación— se encuentra Alfonso Rus, el expresidente de la diputación y exalcalde de Xàtiva. Y Emilio Llopis, exjefe de gabinete de Rus en la diputación valenciana. También ha sido arrestada María José Alcón, exconcejal popular del Ayuntamiento de Valencia y antigua asesora de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá. Alcón está casada con Alfonso Grau, el exvicealcalde de Valencia que está siendo juzgando en Palma en el caso Nóos, según informa Ignacio Zafra para el periódico El País.
La llamada Operación Taula, coordinada por el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, tiene como objetivo la detención de 24 personas en Valencia, Castellón y Alicante, así como la ejecución de 33 registros en domicilios, sedes de empresas (entre ellos los de la sociedad pública de la Generalitat Ciegsa), fundaciones (como la Fundación Jaume II El Just), las instalaciones de una asociación deportiva (Club Deportivo Olímpic de Xàtiva), el Grupo Municipal del PP en Valencia, y la empresa de comunicación con sede en esta ciudad Engloba, según fuentes de la investigación. El número de imputados —a los que ahora se denomina investigados— asciende a 29, ha indicado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
Todos los implicados habrían participado, presuntamente, en una red que cobraba comisiones a cambio de adjudicaciones públicas. La investigación abarca también, según fuentes de la misma, la posible financiación irregular del PP valenciano. Las fuentes explican que se está investigando «una trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas» de la Comunidad Valenciana, que supuestamente ha perpetrado los delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales. Una de estas fuentes ha calificado de «descomunal» la envergadura de las supuestas irregularidades, que se habrían cometido durante años.
La Guardia Civil ha llegado al Ayuntamiento de Valencia y ha entrado al grupo municipal del PP en el Consistorio, donde está revisando documentación. Los agentes han accedido a las oficinas a las 10 de la mañana y varios empleados del PP y concejales han permanecido retenidos y se les han reclamado las claves de sus ordenadores, informa Cristina Vázquez. Más tarde se les ha dejado salir, si bien la secretaria del grupo municipal, María del Carmen García Fuster, ha sido detenida.
La operación se está desarrollando fundamentalmente en la provincia de Valencia, ya que el caso afecta al Ayuntamiento de la capital, la diputación provincial y la propia Generalitat, tres entidades que han estado copadas por el PP. Pero también se han producido registros en las provincias de Alicante y Castellón. Rus ha sido detenido en su casa de Xàtiva, en cuyo interior permanece, y numerosos vecinos se han congregado en torno a la vivienda, informa Joaquín Ferrandis.
El PP de la Comunidad Valenciana ha abierto expediente a todos los afiliados detenidos y les ha suspendido cautelarmente de militancia. También ha acordado la destitución inmediata de todos los cargos orgánicos que desempeñen y su cese en cualquier tipo de actividad relacionada con la formación. El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando ha anunciado «medidas contundentes» contra todos los militantes detenidos en Valencia, en un mensaje que ha difundido a través de Twitter.
Entre los objetivos de la operación se encuentra el exvicepresidente de la Diputación de Valencia Máximo Caturla. Este fue consejero delegado de Construcciones e Infraestructuras Educativas Sociedad Anónima (Ciegsa), una empresa pública de la Generalitat dedicada a levantar colegios que, según desveló hace poco el Gobierno valenciano, incurrió en sobrecostes que superaban los 1.000 millones de euros la década pasada.
