El Parlamento de Canarias aprobó ayer, con el único rechazo de Podemos, debatir una Proposición de Ley del Cabildo de La Palma que, a la espera de enmiendas y consensos, pretende desbloquear la actividad turísticas en La Palma, La Gomera y El Hierro y facilitar el desarrollo de proyectos hoteleros u otros que se topan con las exigencias de la Ley 6/2002, sobre todo por los artículos 4 y 8, según informa Álvaro Morales para el periódico El Día
La iniciativa fue explicada por el propio presidente del Cabildo de la Isla Bonita, el socialista Anselmo Pestana, y venía desde septiembre pasado con el aval de su pacto con CC y también el apoyo del PP palmero, refrendado ayer con entusiasmo por Asier Antona. Entre otras cuestiones, se quieren solventar las consecuencias de la sentencia de 2015 del Tribunal Supremo que derriba el plan turístico insular y, según Pestana, ha bloqueado proyectos hoteleros en zonas como el Valle de Aridane.
Sin embargo, la propuesta tiene mucha más profundidad y trata de poner fin a las trabas y dificultades para crear camas turísticas en la Isla, que solo se han incrementado en 186 plazas desde la aprobación de la ley hasta 2007 y diez en adelante, según Antona.
Pestana explicó que, lejos de debilitar las exigencias ambientales para los hoteles, desde ahora se exigirán 25.000 metros rústicos para establecimientos con 100 camas, cuando en este momento hay alguno con solo 9.000. Sin embargo, se rebajarán los topes de 200.000 o 50.000 para facilitar el desarrollo de una industria que, a su juicio, ha permanecido estrangulada.
En una línea muy similar e, incluso, más ambiciosa se pronunció el presidente del Cabildo gomero y líder de ASG, Casimiro Curbelo, quien subrayó que las consecuencias de la norma para su isla y El Hierro han sido mucho peores, «porque solo se han podido crear 6 plazas en La Gomera y 0» en la Isla del Meridiano. Curbelo insistió en que esto demuestra que no todas las islas son iguales y anunció cambios en la propuesta palmera para facilitar más el turismo.
Ante la presidenta del Cabildo herreño, Belén Allende (AHI-CC), las intervenciones de los diputados palmeros Manuel Marcos Pérez (PSOE) y Antona (PP) sirvieron para respaldar sin ambages la iniciativa y criticar a Podemos por censurarla desde el «desconocimiento» de La Palma.
Más ambivalente fue Román Rodríguez (NC), quien resaltó la ley de 2002 y lo previsto para estas islas, si bien admitió que se necesitan cambios en pro del desarrollo y apoyó la propuesta. El también palmero Antonio Castro (CC) elogió la ley y, no obstante, coincidió en que se debe debatir modificaciones por los obstáculos que han dificultado la actividad turística, si bien anunció enmiendas sobre las superficies finales.
Eso sí, y aunque Castro elogió a Asunción Delgado, todos fueron muy críticos con la diputada de Podemos por tratar de dar lecciones sobre conservación. La visión de Delgado no pudo ser más opuesta. A su juicio, y enlazando con la ley del suelo, «que casi hace innecesarios estos cambios», lo que se busca en contra del Supremo es repetir el modelo de turismo de masa en islas que tenían apoyo legal para apostar por otras alternativas. Según advirtió, solo se pretende abrir la puerta a macrohoteles, campos de golf y puertos.
Podemos advierte sobre la Ley del Suelo
Antes de abordarse la actividad turística en islas menores y después de que el PP intentase agrietar el pacto con la ley del suelo, la Cámara escuchó ayer, y en diversas ocasiones, las primeras críticas con dureza al texto de Política Territorial para agilizar el urbanismo sin ampliar los espacios urbanizables. La diputada de Podemos Asunción Delgado indicó que se cumplían con creces los peores temores de su grupo y censuró, sobre todo, los artículos 124 (que Román Rodríguez también cuestiona) y 155 por concebirlos como agujeros negros para la regulación y conservación del suelo. Aunque quería reprochárselo a Clavijo, «el verdadero responsable», Delgado avisó de que el 124 permitirá colar casi cualquier iniciativa con independencia de la calificación urbanística y sin ninguna contención legal. Según dijo, cabildos y Gobierno «podrán aprobar en 2 meses actuaciones turísticas como Las Américas o Playa del Inglés, así como proyectos como centrales de biomasa o gasificadoras en suelo rústico». Sobre el 155, dijo que servirá casi para lo mismo, pero para los consistorios.
La consejera, Nieves L. Barreto, recalcó que se trata solo de un anteproyecto que deberá ser enriquecido y, en todo caso, subrayó que Podemos olvida que se requerirá una valoración estratégica y ambiental para cualquier proyecto. Además, recalcó que un hotel puede ser muy relevante dependiendo de su ubicación.
Un 31% de economía sumergida, según Clavijo
La segunda pregunta de la sesión de ayer, dirigida por la portavoz de Podemos, Noemí Santana, al presidente, Fernando Clavijo, permitió que el máximo responsable del Ejecutivo incluso empeorara el panorama que describía el partido de Pablo Iglesias sobre una realidad flagrante en las Islas desde hace mucho: la economía sumergida. Aunque Clavijo advirtió de que no conoce ningún país sin economía sumergida y que resulta muy difícil cuantificar esta práctica, señaló que en las Islas puede alcanzar el 31% de la economía global y traducirse en un fraude fiscal aproximado superior a los 13.000 millones de euros. Unas cifras mayores a las dadas por Santana, que las dejó en un 28% y 11.000 millones. No obstante, la portavoz de Podemos sí dejó clara su apuesta por dotar de todos los medios posibles a la Agencia Tributaria Canaria para luchar contra esta lacra que, si bien responde muchas veces a situaciones de perentoria necesidad de muchos canarios, reduce claramente los ingresos por impuestos y, como recordó Clavijo, supone una competencia desleal a los empresarios, autónomos y trabajadores que sí tributan y operan conforme a la ley. El presidente recordó las reuniones mantenidas hasta ahora y se comprometió a tomar medidas contra este fraude a las arcas públicas.
