Apenas cinco horas después de comparecer sonriente ante los medios, poniéndose «a disposición de lo que pida el partido» (cuando los periodistas le preguntaron si aspira a ser candidato socialista a la Xunta de Galicia), la magistrada Pilar de Lara Cifuentes le ha atribuido a José Ramón Gómez Besteiro seis delitos, que se suman a los cuatro de otra operación judicial que ya se conocían. La titular del Juzgado de Instrucción 1 de Lugo ha levantado parcialmente el secreto de sumario de la bautizada como Operación Pulpo y ha citado a declarar el 11 de mayo en calidad de investigado a Besteiro como presunto autor de delitos de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, fraude a las administraciones públicas, fraude de subvenciones y delito continuado de malversación de caudales públicos.
Los hechos que describe en el auto de citación tienen que ver con el supuesto desvío de fondos procedentes de la Unión Europea durante el período en que el líder de los socialistas gallegos era presidente de la Diputación de Lugo. Besteiro ya estaba imputado en el conocido como caso Garañón por cohecho y otros tres delitos relacionados con la compra de un piso a un constructor supuestamente beneficiado por el Ayuntamiento de Lugo cuando él era concejal, y la posterior reforma del inmueble a un precio que, según los investigadores, fue muy inferior al de mercado. A pesar de esto, el socialista se negó a dejar su cargo en el partido y ha aplazado sine die el proceso de primarias sin aclarar si será candidato. Ayer, el secretario general, Pedro Sánchez, se fotografió con él en A Coruña y escenificó su respaldo en un acto en una plaza de abastos. «Besteiro es una persona honesta, decente, y tiene toda mi confianza y la del partido», insistió el lider socialista en una entrevista en La Voz de Galicia.
Se trata, en ambos casos, de la misma juez, Pilar de Lara Cifuentes, pero los supuestos delitos que se describen en esta causa referida a una etapa política de Besteiro más reciente revisten una mayor gravedad y extensión. La magistrada, instructora también del caso Pokémon, habla de «contratación ilícita», «manipulación de concursos», «otorgamiento fraudulento de subvenciones sin justificar» y «desviación de fondos y caudales públicos a fines distintos de los reglados». Involucra en ello tanto al que fue presidente de la Diputación hasta las últimas elecciones municipales como a numerosos colaboradores directos, funcionarios y empresarios de la importancia de Raúl López, dueño de Monbus, el mayor grupo gallego de transporte de viajeros por carretera. También, según ha aclarado la Diputación, a responsables de la etapa anterior, cuando gobernaba el PP.
La juez habla de subvenciones de millones de euros y de gastos de personal en el seno de la Diputación que, en principio, parecen injustificables, como viajes a Euro-Disney o la India y gafas de sol o DIU. En el apartado referido a «gastos sociales» de la Diputación de Lugo, desde hace años, según la juez, «se habría estado destinando buena parte del presupuesto a sufragar cuantiosos gastos de dudosa legalidad, reflejados en la contabilidad como gastos médicos y prestaciones sociales» tanto para trabajadores de la Diputación como para sus «familiares». De Lara enumera: «gafas graduadas (incluyendo gafas de sol), lentillas, cristales graduados, prótesis, medicamentos, audífonos, trabajos odontológicos, endodoncias, ortodoncias, empastes, cirugía refractiva láser de ojos, obturaciones, acupuntura, tratamientos homeopáticos, ozonoterapia, tratamientos con isoflovonas o instalación de DIU liberador». A través de su gabinete de prensa, la Diputación de Lugo insiste en que estos gastos en concreto no tienen que ver con la época de Besteiro, sino con la anterior del PP, cuando presidía el gobierno provincial Francisco Cacharro Pardo, ya fallecido. En una nota asegura que los llamados «gastos sociales» para los trabajadores se redujeron paulatinamente desde que entró Besteiro, en 2007, y que en 2015 se habían rebajado a la mitad.
También, en esa misma época, hay gastos «relacionados con prestaciones sociales como ayuda para vivienda y ayuda familiar, premios por jubilación, nupcialidad y natalidad» junto a otros de «elevadísima cuantía» para la celebración de «festividades y pulpadas» a cargo del erario público. Aunque esto sería lo de menos, si se tiene en cuenta que «bajo ese mismo concepto, en la aplicación presupuestaria de gastos sociales» aparecen desembolsos en agencias de viajes que hacen sospechar a los investigadores que algunos empleados disfrutaban de «vacaciones subvencionadas». Entre los destinos que recoge el auto judicial están Argentina, Euro-Disney, Ámsterdam, Crucero Rhin e India. José D. F., «encargado de mantenimiento, vigilancia y atención al ciudadano», habría percibido en concepto de viajes, según la magistrada, 42.566 euros. Además, figuran pagos a varias agencias por unos 85.000 euros. Según la Diputación, estos gastos también se corresponderían a la etapa anterior a Besteiro.
De Lara habla de gastos «sin ningún tipo de límite» de dinero público, en cantidad muy superior a «la cuantía destinada a sufragar necesidades sociales mucho más imperiosas». El caso abarca, de momento, 15 tomos y la magistrada ha levantado parcialmente el secreto de 14. En el eje de la trama de los últimos años están Besteiro, su jefe de protocolo y su jefa de comunicación, para cuya colocación, según sospecha la juez, se creó un puesto específico, hasta entonces inexistente, de «licenciado en periodismo». La magistrada considera a esta colaboradora «pieza clave» del sumario. Los tres, además de otras cuatro personas, entre las que se encuentra el empresario Raúl López (también imputado en el caso Cóndor) tendrán que prestar declaración en calidad de investigados.
En la comisión de los delitos «habría participado un elevado número de autoridades y funcionarios de la Diputación», describe la magistrada, que actuarían «coordinadamente y de forma continuada». La investigación, hasta el momento, ha sido «harto complicada» por la «opacidad y falta de colaboración de los responsables» del organismo provincial. Uno de los capítulos más llamativos del caso Pulpo es el de los fondos europeos que estaban a cargo del jefe de protocolo y relaciones institucionales de Besteiro. Este investigado, Juan Carlos Fernández Pulpeiro, es el que da nombre a la operación.
«Sin acuerdo plenario y sin regirse por norma alguna», según la juez, en 2008 se puso en marcha el programa Km 0, con objetivos como la organización de visitas culturales para los ciudadanos en la provincia, la incentivación del tejido empresarial, la «redistribución de la riqueza» y la «mejora del mercado laboral». A un apartado conocido como Lugo2 iban a parar subvenciones de la UE que, recoge la investigación, supuestamente se destinaron a otros fines y se repartieron entre las empresas de Raúl López, el cual (también según el auto de hoy) agasajaba a Besteiro con «artículos de lujo de elevado importe».
La UE obliga a realizar todos los pagos relacionados con sus subvenciones a través del banco. Pulpeiro, sin embargo, abonaba presuntamente gastos del programa con dinero «en efectivo» que «guardaba en una caja fuerte», «sin ningún tipo de control». En la documentación recabada durante un registro en el organismo provincial figuran, además, pagos que nada tienen que ver con este tipo de iniciativas sociales, como una visita de Besteiro a Buenos Aires para «reencontrarse con la colectividad lucense», comidas y «viajes extraordinarios» a diversos lugares de España.
Los fondos públicos se gestionaron, apunta la magistrada, de manera «absolutamente arbitraria», encaminada «a dificultar la fiscalización del gasto». Y se llevaron a cabo supuestas «adjudicaciones ilícitas», «amañadas con la finalidad de favorecer a determinadas empresas». Buena parte de estas eran del entramado de Raúl López, que también se benefició, supuestamente, de casi siete millones de euros en subvenciones «injustificadas» de la Diputación al equipo de baloncesto que presidía, el Breogán, entre 2006 y 2014.