Se abrió la sesión de la Comisión de Defensa donde debía comparecer el ministro en funciones, Pedro Morenés, pero éste no acudió. Nunca antes un miembro del Gobierno había hecho caso omiso al llamamiento del Parlamento de comparecer para dar cuenta de su actividad. El Ejecutivo en funciones entiende que no puede ser controlado por el nuevo Congreso y el conflicto llegará en las próximas semanas al Tribunal Constitucional. El PP está solo frente a la inmensa mayoría del Congreso de los Diputados.
El Gobierno dio este jueves el primer plantón al Congreso. El ministro de Defensa, Pedro Morenés, no acudió ayer a la comisión parlamentaria que le había citado, en cumplimiento de la decisión del Ejecutivo en funciones de no someterse al control de la Cámara, según informa Fernando Garea para el periódico El País
El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha llevado su pulso con el Parlamento a un punto al que nunca había llegado la habitual tensión entre poderes y salvo rectificación, el Congreso llevará al Gobierno al Tribunal Constitucional.
La legislatura pasada el PP tuvo una mayoría absoluta que, por ejemplo, le permitió frenar más de un centenar de peticiones de comparecencia del presidente del Gobierno. Tras las generales del 20 de diciembre, la mayoría ha cambiado y todos los grupos, salvo el PP, se han unido para someter al Gobierno en funciones al control parlamentario, sin esperar a que haya un nuevo Ejecutivo. La Moncloa se escuda en que el actual Parlamento no es el que le eligió y por tanto no puede controlarle.
“ESTE ES UN CONGRESO SIN CABEZA”, SEGÚN EL PP
El portavoz del PP, Ricardo Tarno, defendió la decisión del Gobierno de no acudir al Congreso y acusó al resto de grupos, que forman la inmensa mayoría del Congreso, de buscar “la cuota de pantalla” y de “faltar al respeto a las instituciones” para desgastar al Ejecutivo.
“Hay un Congreso sin cabeza”, dijo. Tarno citó como precedente lo que ocurrió en Andalucía cuando no hubo plenos sin investidura.
Y concluyó: “He cerrado los ojos y me daba la impresión de que estaba en la anterior legislatura”. Es decir, cuando había mayoría absoluta y del PP y tenían capacidad para frenar comparecencias.
También alega que así ha sido hasta ahora, aunque lo cierto es que en esta legislatura todo es nuevo: nunca ha habido un Parlamento tan fragmentado, nunca el líder del grupo mayoritario ha declinado someterse a la investidura, nunca ha habido una elección fallida y nunca un Parlamento había echado a andar con Gobierno en funciones.
Se da la circunstancia de que la comparecencia de Morenés era, precisamente, para dar cuenta de un acto realizado dentro de las competencias que conserva aun estando en funciones: la asistencia en febrero a una cumbre de la OTAN donde se tomaron decisiones sobre la flota en el Índico. Es decir, la posición del Gobierno se ha materializado, precisamente, en una petición de comparecencia sobre las escasas competencias que tiene un Gobierno en funciones.
La Comisión se celebró con la silla vacía del ministro. Todos los portavoces, salvo el PP, mostrado en el arranque de la comisión su rechazo a la ausencia unilateral del Gobierno. Iñigo Barandiarán (PNV) habló de «fraude», Miriam Nogueras (DL) de «rebeldía de quien se llena la boca de legalidad», Joan Baptista Olòriz (ERC) pidió la reprobación del ministro, Miguel Gutiérrez (Ciudadanos) lamentó la actuación del Ejecutivo al que ha acusado de «pérdida del sentido común» y Tania Sánchez (Podemos) denunció la vulneración de la ley desde La Moncloa.
El socialista Germán Rodríguez intervino para lamentar la «anomalía democrática» y la «rebeldía» frente al Parlamento y contra el Estado de derecho. El PSOE ha anunciado que forzará levar al Gobierno al Tribunal Constitucional.
Hasta el diputado de UPN Carlos Salvador, socio político y electoral del PP, dijo que el ministro debía comparecer.
La decisión de ejercer el control fue adoptada por todos los grupos parlamentarios salvo el PP. El siguiente paso será que el pleno apruebe acudir al Tribunal Constitucional.
Para eso, en la próxima reunión de la Junta de Portavoces los grupos podrán pedir que se incluya en el siguiente orden del día del Pleno un acuerdo para ir al Constitucional. La iniciativa se debatirá y votará y en principio cuenta con respaldo de la inmensa mayoría de los diputados para salir adelante.
La resolución no llegará a tiempo de aplicarse antes del 2 de mayo, fecha tope para disolver las Cortes si no hay investidura, pero servirá para situaciones futuras si llegan a plantearse, como ha explicado Patxi López, presidente de las Cortes.
López hará este viernes un último intento en una reunión con el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón. Las posibilidades de acuerdo para evitar el conflicto institucional son mínimas, porque Ayllón, en nombre de La Moncloa, dejó claro de nuevo que el Gobierno en funciones no se someterá al control del Parlamento e instó a los grupos a «ponerse a trabajar» para poder elegir un Ejecutivo.
«Lo que tenemos que hacer es ponernos manos a la obra para que haya un gobierno, en vez de tapar los fracasos de unos y de otros en sus negociaciones y en su debate de investidura con una actividad extraordinaria del Parlamento que no se ha producido nunca en años de democracia», dijo.