El Pleno del Cabildo Insular de La Gomera aprobó este viernes, con el apoyo de ASG, el texto definitivo de la Iniciativa Legislativa para la adopción de medidas estructurales tendentes a la compensación de la doble insularidad, que será presentada en el Parlamento de Canarias, a propuesta del presidente de la Institución, Casimiro Curbelo.
Curbelo señaló que “es prioritario adoptar medidas estructurales que compensen los costes añadidos de la ultraperiferia, en especial la doble insularidad que soportamos los canarios de las islas no capitalinas, y que afectan al transporte, al almacenamiento, a la educación o a la sanidad, ente otros; elementos que inciden de sobremanera en el desarrollo de islas como La Gomera”.
En este sentido, a pesar de los instrumentos excepcionales establecidos a lo largo de la historia para compensar la lejanía y la insularidad de Canarias en su conjunto, “es un hecho que existen dos realidades: las islas capitalinas, muy pobladas y que concentran la mayor parte de las actividades y servicios, y por otro lado el resto, menos pobladas y con alta dependencia de abastecimiento de las primeras”, apuntó.
Es por ello que el presidente insistió en que “es necesario que se adopte un modelo de financiación para Canarias que contemple criterios de solidaridad y que financie el sobrecosto de la vida en un territorio ultraperiférico”.
Curbelo resaltó que “el deterioro de las políticas especiales del Estado, especialmente en los últimos años, han afectado de una forma más acusada a las islas menores frente a las capitalinas, cuantificado con un sobrecoste que se estima en cuatro puntos superiores”.
“Hay que dejar patentes las desigualdades existentes en las islas y sobre las que es necesario articular una regulación específica, mediante esta acción legislativa, que impregne todas y cada una de las políticas que se realizan en la Comunidad Autónoma de Canarias”, aseveró.
Otro de los aspectos en los que el presidente del Cabildo hizo hincapié fue que se supere el fenómeno del aislamiento, fortaleciendo las actividades en las islas menores, y se ofrezca a los jóvenes un horizonte profesional sin necesidad de abandonar su propia isla, “no se trata de un problema ideológico, sino económico y social, y sobre el que debemos legislar, alterando la realidad para evitar el deterioro de las condiciones de vida de miles familias”, aseguró.